La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un ambicioso plan para abordar la crisis de personas desaparecidas en la capital. El anuncio, realizado en conferencia de prensa, llega tras meses de críticas por la falta de acción en este tema tan sensible. Según la mandataria, el plan busca agilizar la localización de personas y mejorar la coordinación con colectivos de búsqueda.
El plan integral incluye 20 puntos clave, destacando una inversión adicional de 250 millones de pesos. Entre las medidas, se encuentra la creación de un centro de resguardo para restos no identificados y la publicación de un Protocolo Homologado de Búsqueda Inmediata. Brugada asegura que estas acciones son un paso hacia una estrategia efectiva, pero las promesas no son nuevas.
Desde enero, la administración de Brugada instaló un Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que prometía reuniones diarias y mayor coordinación. Sin embargo, colectivos de familiares han denunciado que las acciones se han quedado cortas. La falta de resultados concretos ha generado escepticismo entre quienes buscan a sus seres queridos.
Un punto central del plan es fortalecer la Comisión de Búsqueda con más recursos y personal. También se contempla la creación de unidades especializadas para casos recientes y la mejora en el rastreo de llamadas telefónicas. Estas medidas, según Brugada, se desarrollaron tras consultas con familiares y especialistas, pero no todos están convencidos.
Familiares de desaparecidos han exigido transparencia y la destitución de funcionarios como Enrique Camargo, titular de la Comisión de Búsqueda, a quien acusan de ineficiencia. En marzo, colectivos protestaron en el Congreso, señalando que el gobierno no reconoce la magnitud de la crisis ni la existencia de fosas clandestinas en la ciudad.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, también ha sido cuestionada. Aunque prometió reducir el envío de cuerpos a fosas comunes y agilizar las identificaciones, los avances son mínimos. La falta de coordinación entre la Fiscalía y el gobierno local sigue siendo un obstáculo, según denuncian los colectivos.
Brugada insiste en que su administración trabaja de la mano con las familias, pero las críticas no cesan. La reunión con colectivos en abril, donde se presentó el plan, fue vista por algunos como un intento de calmar las aguas sin ofrecer soluciones reales. La desconfianza crece ante la ausencia de resultados tangibles.
El caso de Jael Monserrat Uribe, cuyos restos fueron hallados en el Ajusco tras años de búsqueda independiente por su madre, es un recordatorio de las fallas del sistema. Historias como esta han llevado a los familiares a exigir no solo promesas, sino acciones concretas que devuelvan esperanza a miles de familias.
La jefa de gobierno asegura que el plan 2025-2030 marcará un antes y un después en la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, la paciencia de los colectivos se agota. Mientras las desapariciones continúan, la pregunta persiste: ¿será este plan una verdadera solución o solo otro discurso para ganar tiempo?