La organización Data Cívica ha revelado un preocupante aumento del 25 por ciento en los actos de violencia política en México durante marzo, el primer mes de las campañas rumbo a las elecciones judiciales de 2025. Este repunte en la inseguridad pone en jaque la estabilidad del proceso electoral.
En su informe más reciente, la ONG documentó un total de 50 eventos de violencia político-criminal en marzo, un salto significativo respecto a los 40 registrados en enero. Este incremento refleja la creciente amenaza que enfrentan quienes participan en la política mexicana.
Los estados más afectados por esta ola de violencia son Morelos, Sinaloa y Oaxaca. En Morelos, la situación es particularmente grave, con un promedio de dos incidentes violentos por semana, incluyendo ataques armados contra autoridades locales.
En Sinaloa, siete eventos violentos han sacudido el panorama político, mientras que Oaxaca reporta un número similar. La violencia incluye asesinatos, atentados y amenazas contra aspirantes y funcionarios, lo que genera un clima de miedo en las campañas.
Data Cívica destacó que, desde 2018, se han registrado más de 2,300 actos de violencia política en el país, con 2024 siendo el año más violento hasta ahora, al acumular 656 casos. Este contexto pone en riesgo la integridad de las elecciones judiciales.
La elección del 1 de junio de 2025 será histórica, ya que México renovará cerca de 1,000 cargos judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que pasará de 11 a 9 ministros. Sin embargo, la violencia amenaza con empañar este proceso democrático.
La falta de acción efectiva por parte del gobierno federal para contener esta escalada de violencia ha sido señalada por la ONG como un factor crítico. La inseguridad sigue siendo un desafío sin resolver en el país.
Organizaciones civiles han exigido medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y proteger el proceso electoral. La ciudadanía observa con preocupación cómo la violencia política se intensifica sin freno.
Este panorama refleja un problema estructural que el gobierno no ha sabido enfrentar, dejando a los actores políticos vulnerables ante el crimen organizado y la impunidad que impera en varias regiones.
La pregunta que queda en el aire es si las autoridades podrán revertir esta tendencia antes de que las elecciones judiciales se vean aún más comprometidas por la violencia y el temor.