En un movimiento que ha encendido las alarmas, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones una ley que busca eliminar trámites burocráticos, pero a un costo muy alto: incorporar datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, a la Clave Única de Registro de Población (CURP). La propuesta, impulsada por el gobierno federal, fue avalada a toda prisa, desatando críticas por los riesgos que representa para la privacidad de los mexicanos.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende digitalizar y simplificar procesos administrativos en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la inclusión de datos biométricos en la CURP ha generado preocupación entre especialistas y opositores. Según el PAN y el PRI, esta medida abre la puerta al mal manejo o incluso al robo de información personal, dejando a millones de ciudadanos vulnerables.
El dictamen establece que la CURP, ahora con datos biométricos, será el principal documento de identificación nacional. Esto significa que información sensible, como tu rostro o tus huellas, estará centralizada en una base de datos controlada por el gobierno. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han advertido que, sin medidas robustas de ciberseguridad, estos datos podrían ser blanco fácil para hackers o caer en manos equivocadas.
La aprobación express en la Comisión de Gobernación y Población, dominada por Morena y sus aliados, ha sido calificada como un atropello. Diputados de oposición denunciaron que no hubo tiempo suficiente para analizar las implicaciones de la ley. El panista Éctor Jaime Ramírez señaló que la prisa por aprobar esta reforma refleja una falta de transparencia y pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por su parte, el PRI expresó que, aunque la digitalización puede ser positiva, la falta de claridad sobre cómo se protegerán los datos biométricos es alarmante. La legisladora Ximena Puente de la Mora subrayó que México ya enfrenta problemas graves de robo de identidad, y esta ley podría agravar la situación si no se implementan salvaguardas efectivas.
El Instituto Nacional Electoral también ha levantado la voz. En un diagnóstico preliminar, advirtió que usar la CURP con biometría como identificación oficial podría generar desconfianza ciudadana y hasta aumentar el abstencionismo en elecciones. La centralización de datos sensibles, sin un marco claro de protección, pone en jaque la confianza en las instituciones.
Mientras Morena defiende la ley como un paso hacia la modernización, críticos aseguran que el gobierno no está preparado para manejar una base de datos tan delicada. Escándalos previos de filtraciones en dependencias públicas alimentan el temor de que esta reforma pueda convertirse en una puerta abierta al “saqueo” de información personal.
La ley aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado, pero su aprobación en comisiones ha encendido un debate nacional. ¿Es este el precio que debemos pagar por una supuesta eficiencia administrativa? La privacidad de millones de mexicanos está en juego, y las respuestas del gobierno hasta ahora no convencen a muchos.