Una abogada estadounidense que representa a diez venezolanos encarcelados en El Salvador ha denunciado que el gobierno de Nayib Bukele le ha negado el acceso a sus clientes. Los migrantes, deportados desde Estados Unidos, están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones. La defensora asegura que esta restricción viola los derechos fundamentales de los detenidos.
Los venezolanos fueron enviados a El Salvador bajo la acusación de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, aunque no se han presentado pruebas concretas en su contra. La abogada, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, señaló que sus clientes no han tenido acceso a un juicio justo ni a comunicación con sus familias. Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
El gobierno de Bukele ha defendido su postura, argumentando que los detenidos representan una amenaza para la seguridad nacional. El presidente salvadoreño ha insistido en que las medidas tomadas son parte de su estrategia para combatir el crimen organizado. Sin embargo, críticos señalan que estas acciones podrían estar motivadas por acuerdos económicos con Estados Unidos.
En marzo de 2025, Estados Unidos deportó a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Según reportes, El Salvador recibe seis millones de dólares por alojar a estos detenidos, lo que ha llevado a acusaciones de que el país está lucrando con la privación de libertad de personas sin antecedentes penales.
La abogada ha intentado reunirse con las autoridades salvadoreñas para obtener información sobre el estado de sus clientes, pero no ha recibido respuesta. Organizaciones internacionales han pedido al gobierno de Bukele que garantice el acceso a la defensa legal y que se respeten los derechos humanos de los migrantes.
En Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab ha calificado la situación como una forma de “trata de personas”. Saab ha acusado a Bukele de aprovecharse de los deportados para obtener beneficios financieros, mientras los mantiene en condiciones de aislamiento. Estas declaraciones han intensificado las tensiones entre ambos países.
Por su parte, familiares de los detenidos han exigido claridad sobre el paradero y el estado de sus seres queridos. Muchos de ellos aseguran que los migrantes no tienen vínculos con actividades criminales y que fueron deportados injustamente. La falta de transparencia en el proceso ha generado indignación en la comunidad venezolana.
El caso ha puesto en el centro del debate las políticas migratorias de Estados Unidos y el papel de El Salvador como receptor de deportados. Mientras tanto, la abogada sigue luchando por reunirse con sus clientes, en un intento por garantizar que se respeten sus derechos en un sistema que, según ella, está diseñado para silenciarlos.