El Fidesseg, un fideicomiso creado en 2019 para financiar proyectos sociales y de seguridad con recursos del Impuesto Sobre la Nómina, ha sido objeto de controversia. La administración de Libia García busca extinguirlo y reemplazarlo con un esquema más directo, pero los empresarios, liderados por asociaciones como Fe y Actuando por Guanajuato, se oponen ferozmente. Argumentan que el fideicomiso era funcional y beneficiaba a sectores vulnerables.
En abril de 2025, un nuevo capítulo en esta disputa se abrió cuando el Juzgado 12 de Distrito suspendió provisionalmente el decreto que reformaba el Comité Técnico del Fidesseg. Esta decisión detuvo la primera sesión ordinaria del comité, donde se revisarían convocatorias para financiar proyectos sociales. La gobernadora, lejos de retroceder, aseguró que no claudicará en su lucha por un modelo más equitativo.
Libia García ha sido crítica con el modelo anterior, señalando que dos asociaciones, Fe y Actuando, monopolizaban la distribución de recursos. En una reunión con una jueza federal, defendió su visión de un sistema donde los ciudadanos puedan consultar cómo se gastan los fondos. Sin embargo, esta postura ha generado roces con el sector empresarial, que se niega a perder el control que ejercía sobre el fideicomiso.
La auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al Fidesseg reveló irregularidades que respaldan la postura del gobierno estatal. Se encontraron proyectos que no cumplían requisitos, entregas de recursos sin metas claras y un uso indebido de cuentas bancarias. Estos hallazgos han fortalecido el argumento de Libia García sobre la necesidad de reformar el sistema.
Mientras tanto, el programa “Tocando Corazones”, diseñado como sustituto del Fidesseg, permanece en pausa debido a las disputas legales. La suspensión definitiva ordenada por la jueza Karla Macías obliga al gobierno a garantizar fondos para el fideicomiso, lo que complica los planes de reestructuración. Cada peso destinado a “Tocando Corazones” debe ser igualado para el Fidesseg, un revés financiero para la administración.
El enfrentamiento no solo es jurídico, sino también político. Libia García ha cuestionado al Ayuntamiento de León, liderado por Alejandra Gutiérrez, por destinar 8 millones de pesos a cámaras empresariales cercanas a la alcaldesa. Esta crítica evidencia las tensiones entre el gobierno estatal y liderazgos locales del PAN, el mismo partido de la gobernadora.
Los empresarios, por su parte, insisten en negociar. Han propuesto un modelo que mantenga su participación, pero el gobierno estatal se muestra inflexible. La posibilidad de que un amparo definitivo mantenga el Fidesseg en pie sigue latente, lo que obligaría a Libia García a replantear su estrategia sin abandonar su compromiso con la transparencia.
Organizaciones civiles, atrapadas en el fuego cruzado, enfrentan incertidumbre. Muchas dependen de los recursos del Fidesseg para operar, y la suspensión de las convocatorias ha dejado proyectos sociales en el limbo. La gobernadora asegura que su prioridad es apoyar a estas asociaciones, pero sin los intermediarios que, según ella, opacaban el proceso.
El futuro del Fidesseg sigue en el aire, con tribunales y negociaciones como únicos caminos visibles. Libia García, en su primer año de gobierno, enfrenta uno de los mayores retos de su administración: equilibrar la transparencia que promete con las demandas de un sector empresarial que no está dispuesto a ceder fácilmente.