Una organización mexicana ha levantado la voz contra lo que considera una tendencia alarmante en el mundo: la creciente presión para someter a los poderes judiciales. Esta advertencia surge tras el arresto en Estados Unidos de una jueza mexicana, un caso que ha encendido las alarmas sobre la independencia de los sistemas judiciales en diferentes países.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que el arresto de la jueza, vinculada a presuntas irregularidades, refleja cómo los poderes judiciales enfrentan intentos de control por parte de gobiernos y actores políticos. Este incidente, ocurrido en abril de 2025, ha generado un debate intenso sobre la autonomía de los jueces y magistrados.
El caso de la jueza, identificada como Angélica Sánchez Hernández, no es aislado, según la organización. En México, aseguran, se han observado esfuerzos sistemáticos para influir en el Poder Judicial, especialmente desde la aprobación de la reforma judicial impulsada por Morena en 2024. Esta reforma, que permite la elección de jueces por voto popular, ha sido criticada por debilitar la independencia judicial.
A nivel global, la organización apunta a ejemplos similares en países donde los gobiernos han buscado limitar la autonomía de los tribunales. Desde América Latina hasta Europa del Este, se han documentado casos de presiones políticas, destituciones arbitrarias y reformas legales que reducen el poder de los jueces frente a los ejecutivos.
En el caso de Sánchez Hernández, su detención en Estados Unidos está relacionada con acusaciones de nexos con el crimen organizado, lo que ha intensificado las críticas hacia el sistema judicial mexicano. La organización advierte que este tipo de señalamientos, aunque necesarios para combatir la corrupción, pueden ser utilizados como herramientas para desacreditar y controlar a los jueces.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad destaca que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia. Sin jueces libres de presiones políticas o económicas, los ciudadanos quedan desprotegidos ante abusos de poder, y la justicia se convierte en una extensión de los intereses del gobierno de turno.
El arresto de la jueza también ha reavivado el debate sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de justicia. Mientras algunos ven la detención como un paso hacia la rendición de cuentas, otros lo interpretan como una intromisión extranjera que podría ser aprovechada para justificar más controles sobre el Poder Judicial mexicano.
La organización hace un llamado a la reflexión sobre la necesidad de proteger los sistemas judiciales de influencias externas, ya sean de gobiernos, partidos políticos o grupos de poder. Este caso, aseguran, es una advertencia de que la lucha por la justicia independiente está lejos de terminar, tanto en México como en el resto del mundo.
En México, el tema se vuelve aún más urgente en un contexto donde el gobierno de Morena ha impulsado cambios estructurales en el Poder Judicial. La organización insiste en que cualquier reforma debe garantizar, no socavar, la autonomía de los jueces para asegurar un verdadero estado de derecho.
El caso de la jueza Sánchez Hernández, aunque específico, pone en evidencia un problema mucho mayor: la fragilidad de los sistemas judiciales frente a las ambiciones de poder. La discusión sobre cómo proteger la independencia de los jueces seguirá siendo crucial en los próximos años, tanto en México como en el escenario global.