El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató controversia al declarar que no se puede juzgar a todos los criminales que han ingresado al país, proponiendo en cambio su expulsión inmediata. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que la justicia no puede lidiar con millones de casos y que la solución es deportar a los delincuentes sin demora.
Según Trump, la política de fronteras abiertas del expresidente Joe Biden permitió la entrada de “asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso enfermos mentales”, quienes, en sus palabras, están sembrando un caos sin precedentes en el país. El mandatario insistió en que sabe quiénes son los criminales y que su administración actuará con rapidez para sacarlos de Estados Unidos.
El pasado 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma usada en tiempos de guerra, para justificar la deportación de cientos de venezolanos a los que acusó de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Esta decisión generó un enfrentamiento legal cuando el juez federal James Boasberg bloqueó el uso de la ley y ordenó el regreso de dos aviones que ya trasladaban a los migrantes a El Salvador.
Sin embargo, los aviones no regresaron y los migrantes fueron llevados a una megacárcel en El Salvador, lo que desató una batalla legal sin precedentes. Trump incluso sugirió iniciar un juicio político contra el juez Boasberg, acusándolo de obstaculizar su agenda migratoria.
La administración de Trump defiende estas expulsiones, argumentando que los deportados tienen vínculos con pandillas como Tren de Aragua y MS-13, recientemente clasificadas como grupos terroristas por Washington. No obstante, investigaciones de medios estadounidenses han revelado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
Organismos internacionales han condenado estas acciones. La ONG Human Rights Watch acusó a Estados Unidos y El Salvador de someter a los migrantes a una “desaparición forzada”, señalando violaciones a los derechos humanos en el proceso.
El caso ha generado múltiples demandas contra el gobierno de Trump, mientras un tribunal de apelaciones en Washington D.C. bloqueó temporalmente el intento del juez Boasberg de declarar en desacato a la administración. Esto ha intensificado el debate sobre las políticas migratorias de Trump.
Las declaraciones del presidente reflejan su postura de mano dura contra la inmigración, un tema central de su campaña y su actual mandato. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, con expertos y organizaciones alertando sobre las implicaciones legales y humanitarias de estas medidas.
El conflicto legal y las reacciones internacionales seguirán marcando la agenda de Trump, quien parece decidido a priorizar las deportaciones masivas como una de sus principales estrategias para abordar la seguridad y la migración en Estados Unidos.