En Monterrey, Nuevo León, un caso de presunto abuso sexual ha desatado indignación. Decenas de personas se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir justicia contra Damazo “N”, un exentrenador de gimnasia acusado de agredir sexualmente a varias menores de edad. La detención del sospechoso ha reavivado el clamor de las víctimas, quienes buscan que se castigue con todo el peso de la ley.
El caso salió a la luz tras denuncias públicas en redes sociales. Desde el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las acusaciones contra Damazo “N” se viralizaron. Las víctimas, algunas de las cuales eran niñas de entre 10 y 11 años al momento de los hechos, relataron abusos ocurridos entre 2015 y 2016. Las protestas reflejan la frustración ante un sistema que, según los manifestantes, no ha actuado con la rapidez necesaria.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Damazo “N” enfrenta 16 denuncias por abuso sexual. Además, se han realizado cateos en tres inmuebles, donde se incautaron dispositivos electrónicos que podrían contener pruebas clave. Las autoridades han señalado que la mayoría de las denuncias involucran a víctimas que eran menores de edad durante los presuntos delitos.
Las víctimas han compartido testimonios estremecedores. Fernanda López, una de las denunciantes, describió cómo los abusos ocurrieron no solo en el gimnasio Klass, sino también en viajes para competencias nacionales. Según su relato, el entrenador aprovechaba su autoridad para agredir a las niñas, dejándolas en estado de shock. Estas declaraciones han conmocionado a la comunidad deportiva de Nuevo León.
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León reaccionó destituyendo al entrenador. A pesar de no contar con una denuncia formal en ese momento, la institución decidió apartarlo de inmediato y turnar el caso a las autoridades. Sin embargo, los manifestantes critican que las medidas iniciales fueron insuficientes y que el caso solo avanzó gracias a la presión pública.
Otro entrenador, Rubén “N”, también ha sido señalado en este escándalo. Según la Fiscalía, acumula seis denuncias por delitos similares. Este segundo caso ha generado aún más cuestionamientos sobre la supervisión en los gimnasios y la protección de menores en el ámbito deportivo. La indignación crece ante la posibilidad de que estas conductas fueran toleradas durante años.
La madre del acusado, Martha Adriana Hinojosa García, es propietaria del gimnasio Klass, donde ocurrieron varios de los presuntos abusos. Esto ha llevado a cuestionar si hubo encubrimiento o negligencia por parte de la administración del lugar. La academia ha recibido amenazas y ha pedido apoyo público, asegurando que está colaborando con las autoridades.
Las protestas no solo buscan justicia para las víctimas, sino también cambios estructurales. Los manifestantes exigen un registro estatal de agresores sexuales para proteger a los menores. Además, piden mayor vigilancia en los espacios deportivos, donde los entrenadores tienen acceso directo a niños y jóvenes.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa analizando pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos. Se espera que en los próximos días se definan las responsabilidades legales de los acusados. La sociedad de Nuevo León permanece atenta, exigiendo que este caso no quede en la impunidad.
Este escándalo ha puesto en el centro del debate la seguridad de los menores en el deporte. Las víctimas, con valentía, han alzado la voz, y su lucha resuena en cada manifestación. La resolución de este caso podría marcar un precedente en la forma en que se aborda el abuso sexual en México.