La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha anunciado la creación de una nueva Unidad Especial para combatir el delito de despojo, un problema que azota a miles de familias en la entidad. Esta medida llega en un contexto donde los casos de despojo han aumentado un 7 por ciento, con un promedio alarmante de 14 denuncias diarias.
El despojo, un delito que afecta principalmente a personas vulnerables como adultos mayores y familias de bajos recursos, ha crecido sin control en los últimos años. La nueva unidad promete coordinarse con áreas hacendarias, catastrales y registrales para agilizar las investigaciones y devolver la justicia a las víctimas.
Sin embargo, la creación de esta unidad despierta dudas. La Fiscalía, bajo el mando de Morena, ha sido señalada por su lentitud en resolver casos y por la falta de resultados concretos en materia de seguridad. ¿Será esta nueva unidad una solución efectiva o solo un intento por calmar las críticas?
El aumento de despojos en el Estado de México no es un problema nuevo. Entre 2015 y 2019, las denuncias por este delito se dispararon un 163 por ciento en municipios como Ecatepec, pasando de 184 a 484 casos anuales. Las víctimas, en su mayoría, son personas que no cuentan con los recursos para defender su patrimonio.
La nueva unidad tendrá la tarea de trabajar con instituciones como el Catastro municipal y el Registro Agrario Nacional para esclarecer la propiedad de los inmuebles despojados. Sin embargo, la burocracia y la falta de coordinación entre dependencias han sido un obstáculo constante en el pasado.
Otro punto preocupante es la opacidad en las investigaciones. Los ciudadanos exigen que la Fiscalía informe cómo operan las redes de despojo y quiénes están detrás de estos delitos, que en muchos casos involucran a grupos organizados. Sin esta claridad, la confianza en la nueva unidad podría desvanecerse rápidamente.
El gobierno estatal, encabezado por Morena, enfrenta una presión creciente para demostrar que esta iniciativa no es solo un anuncio mediático. Las víctimas de despojo, que han perdido sus hogares tras años de esfuerzo, esperan acciones concretas y no más promesas vacías.
Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta si esta unidad tendrá los recursos humanos y financieros necesarios para operar. La historia reciente de la Fiscalía no es alentadora: recortes presupuestales y falta de personal han mermado su capacidad para enfrentar otros delitos.
En un estado donde la inseguridad y la impunidad reinan, la creación de esta unidad es un paso que, aunque necesario, llega tarde para muchos. La verdadera prueba será si logra desmantelar las redes de despojo y devolver la tranquilidad a las familias afectadas.
El tiempo dirá si esta iniciativa marca un cambio real o se suma a la lista de esfuerzos fallidos de un gobierno que parece incapaz de frenar la ola de delitos que asfixia al Estado de México.