El Instituto Nacional Electoral ha destapado un preocupante caso que sacude el proceso de la elección judicial en México. Más de 53 mil solicitudes para ser observadores electorales fueron identificadas como irregulares, y el INE no descarta que detrás de esto haya una operación orquestada por partidos políticos para infiltrarse en el proceso. Este hallazgo pone en tela de juicio la transparencia de un ejercicio que ya de por sí genera desconfianza.
Las alarmas se encendieron cuando el INE revisó las solicitudes presentadas para fungir como observadores en la elección judicial, programada para el 1 de junio. De un total de 208 mil solicitudes, 53 mil resultaron sospechosas, principalmente porque los solicitantes tienen afiliaciones partidistas, lo cual está estrictamente prohibido por la reforma judicial. Este descubrimiento ha levantado sospechas sobre intentos de manipulación en un proceso que debería ser imparcial.
El INE ha sido claro: las reglas son estrictas y no se permitirá la participación de personas ligadas a partidos políticos, ya sea como observadores o como funcionarios de casilla. La vocal ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei, señaló que estas irregularidades son un obstáculo para garantizar la equidad y la limpieza del proceso. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, y muchos cuestionan por qué no se detectaron estas anomalías desde un inicio.
Entre los casos más graves, se encontraron solicitudes de personas vinculadas a Morena, el partido en el poder, lo que ha desatado una ola de señalamientos. Opositores como el PAN y el PRI han acusado al partido guinda de intentar “copar” el proceso electoral judicial para inclinar la balanza a su favor. Estas acusaciones han avivado el fuego de un debate que ya estaba polarizado, con Morena defendiendo su inocencia y tachando las críticas de “ataques infundados”.
El proceso de revisión no ha sido sencillo. El INE ha tenido que cruzar datos con los padrones de afiliados a partidos políticos, un trabajo titánico que aún no concluye. Hasta ahora, se sabe que las solicitudes irregulares provienen de diversos estados, con un número significativo en entidades gobernadas por Morena, como el Estado de México y Chiapas. Esto ha intensificado las sospechas de una estrategia coordinada.
La elección judicial, que busca renovar cargos en el Poder Judicial mediante el voto popular, ya enfrentaba retos logísticos y críticas por su complejidad. Ahora, con este escándalo, la confianza en el proceso se tambalea aún más. Organizaciones civiles han exigido al INE que refuerce los filtros y publique la lista completa de solicitantes para garantizar transparencia, pero hasta el momento no hay una respuesta clara.
Mientras tanto, el INE ha anunciado que seguirá depurando las solicitudes y que tomará medidas contra quienes hayan intentado burlar las reglas. Sin embargo, el daño a la credibilidad del proceso ya está hecho. La sombra de la infiltración partidista planea sobre una elección que, en teoría, debería ser un ejemplo de democracia participativa.
Este caso pone en evidencia las dificultades de llevar a cabo un ejercicio electoral tan ambicioso en un contexto de polarización política. A medida que se acerca la fecha de la elección, la presión sobre el INE crece, y con ella, las dudas sobre si realmente se podrá garantizar un proceso limpio y justo. La última palabra aún no está dicha, pero el escándalo ya ha marcado un precedente preocupante.