Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha cerrado la puerta a un proceso transparente para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. En una declaración reciente, afirmó que no es necesario realizar un parlamento abierto para discutir los cambios, a pesar de las críticas por la aprobación acelerada de la iniciativa en el Senado. La decisión ha generado preocupación entre sectores que demandan mayor participación ciudadana en un tema tan relevante.
La reforma, aprobada en comisiones del Senado sin modificaciones, busca otorgar nuevas facultades a las autoridades para regular plataformas digitales. Monreal argumentó que las atribuciones de la extinta Subsecretaría de Comunicaciones no pueden quedar “en el aire”, justificando la urgencia de la iniciativa. Sin embargo, su rechazo a los foros de discusión ha sido visto como un intento de limitar el escrutinio público.
Organizaciones y expertos han alertado que la reforma podría abrir la puerta a la censura en línea. El artículo 109, que permite bloquear plataformas digitales, ha sido especialmente polémico. Aunque Monreal reconoció la necesidad de ajustes y comunicó esta inquietud a los senadores, su negativa a un parlamento abierto levanta sospechas sobre las intenciones detrás de la iniciativa.
La rapidez con la que se aprobó el dictamen en comisiones ha sido criticada como una maniobra para evitar el debate. Senadores de oposición, como Liz Sánchez y Alejandro Rojas, han acusado a Morena de querer imponer una narrativa gubernamental y controlar los medios digitales. Estas declaraciones han intensificado las dudas sobre la transparencia del proceso legislativo.
Monreal, por su parte, insistió en que no hay tiempo para foros abiertos debido a la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones. Propuso que la reforma se discuta en un periodo extraordinario, lo que podría acelerar aún más su aprobación. Esta postura contrasta con las promesas de diálogo que el líder morenista ha hecho en otros contextos legislativos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado posponer la discusión para revisar el artículo 109, mostrando una aparente discrepancia con Monreal. Sin embargo, la falta de un compromiso claro para incluir a la sociedad en el proceso mantiene la incertidumbre. La postura de Sheinbaum busca calmar las críticas, pero no garantiza un cambio en la dirección de la reforma.
La oposición y diversos sectores sociales han exigido un análisis más profundo de la iniciativa. Argumentan que una reforma de esta magnitud, con implicaciones para la libertad de expresión, no puede aprobarse sin un debate amplio. La negativa de Monreal a escuchar estas voces refuerza la percepción de un gobierno que prioriza el control sobre la participación ciudadana.
El futuro de la reforma ahora depende de la discusión en el Pleno del Senado, programada para la próxima semana. Sin un parlamento abierto, las posibilidades de incorporar perspectivas externas son mínimas. La decisión de Monreal de avanzar sin diálogo pone en riesgo la legitimidad de una ley que podría transformar el panorama de las telecomunicaciones en México.
Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo se toman decisiones clave a puerta cerrada. La falta de transparencia en este proceso legislativo alimenta el descrédito hacia las instituciones. La reforma de telecomunicaciones, lejos de ser un avance técnico, se perfila como un nuevo capítulo en la lucha por el control de la narrativa digital.