En Jalisco, el robo de vehículos ha disminuido, pero la tranquilidad está lejos de llegar. Según datos oficiales, en 2024 se reportaron menos casos en comparación con años anteriores. Sin embargo, la violencia en estos delitos no cede, y los criminales parecen burlarse de la justicia. ¿La razón? Las autoridades liberan con facilidad a los detenidos por delitos considerados “sin violencia”, dejando a los ciudadanos desprotegidos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que, aunque los robos de autos bajaron, el uso de fuerza en estos crímenes creció. En 2022, el 36% de los robos de vehículos involucró violencia, pero de enero a septiembre de 2024, este porcentaje escaló al 42%. Esto significa que los delincuentes no solo roban, sino que cada vez recurren más a armas y agresiones para lograr su objetivo.
La falta de estrategias efectivas por parte de las autoridades estatales es evidente. Los criminales operan con mayor descaro, sabiendo que las consecuencias son mínimas. Las bandas dedicadas al robo de autos han adaptado sus métodos, utilizando tecnología para burlar los sistemas de seguridad de los vehículos. Mientras tanto, los ciudadanos viven con el temor constante de ser las próximas víctimas.
Un ejemplo claro de esta crisis ocurrió en Guadalajara, donde un delincuente robó una camioneta y atropelló a 16 personas en un área peatonal. Este incidente, lejos de ser aislado, refleja la creciente audacia de los criminales. Las cifras no mienten: de los miles de autos robados en los últimos años, muchos casos quedan impunes, y los responsables regresan a las calles en poco tiempo.
El sistema de justicia en Jalisco parece estar roto. De acuerdo con reportes, de los más de dos mil detenidos por robo de vehículos desde 2016, solo la mitad enfrentó un proceso penal. Esto se debe a las lagunas legales que permiten la liberación de quienes cometen delitos “menores”. Los ciudadanos, hartos, se preguntan: ¿quién los protege si los delincuentes tienen más derechos que las víctimas?
Las autoridades estatales han presumido la disminución de robos como un logro, pero los números cuentan otra historia. La violencia en estos crímenes no solo persiste, sino que se agrava. Los operativos policiales, aunque existen, no logran desmantelar las redes criminales que operan con impunidad en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.
Los expertos en seguridad señalan que el problema no solo está en la captura de los delincuentes, sino en la falta de castigos ejemplares. Mientras las leyes sigan siendo laxas, los criminales seguirán viendo el robo de autos como un negocio de bajo riesgo. La coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales es insuficiente, y los resultados están a la vista.
La ciudadanía, por su parte, ha tenido que recurrir a medidas desesperadas. Desde instalar alarmas y GPS hasta evitar estacionarse en ciertas zonas, los jaliscienses viven bajo una constante alerta. Sin embargo, estas soluciones individuales no atacan la raíz del problema: la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad.
La situación en Jalisco es un reflejo de un sistema que no logra contener la delincuencia. Mientras los robos de autos disminuyen en número, la violencia y la impunidad crecen. Los ciudadanos merecen más que estadísticas maquilladas; exigen acciones concretas que devuelvan la paz a las calles.
La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo dejarán de ser los jaliscienses rehenes de la inseguridad? La respuesta, por ahora, parece estar muy lejos.