Hace 18 años, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar el aborto, un paso que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos reproductivos. En abril de 2007, la entonces Asamblea Legislativa aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, una decisión que abrió la puerta a un debate nacional.
Desde esa fecha, más de 292 mil mujeres han accedido a procedimientos seguros en hospitales públicos de la capital, según datos oficiales. La secretaria de Salud, Nadine Gasman, destacó que no se ha registrado ninguna muerte materna por estos procedimientos, un contraste con los riesgos que enfrentaban las mujeres cuando el aborto era clandestino.
La despenalización en la Ciudad de México inspiró a otras entidades. Actualmente, 22 estados del país han eliminado las penas por aborto en las primeras semanas de gestación. Sin embargo, la criminalización persiste en algunas regiones, lo que limita el acceso a servicios seguros para muchas mujeres.
Organizaciones feministas celebraron este aniversario, pero también señalaron pendientes. La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, subrayó que el próximo objetivo es eliminar por completo el aborto del Código Penal local, para que ninguna mujer sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo.
El impacto de la despenalización trasciende fronteras. La Ciudad de México se convirtió en un referente en América Latina, donde la interrupción del embarazo sigue siendo un tema polarizante. Países como Argentina y Colombia han seguido pasos similares, inspirados en parte por el modelo mexicano.
A pesar de los avances, persisten desafíos. La falta de información y las barreras burocráticas dificultan el acceso al aborto legal en algunas zonas. Además, colectivos feministas advierten que las mujeres de bajos recursos enfrentan mayores obstáculos para ejercer este derecho.
En la capital, el 68 por ciento de las mujeres que acceden a la interrupción legal son residentes, mientras que el 28 por ciento provienen del Estado de México. El resto llega de otras entidades, lo que refleja la centralización de los servicios y la necesidad de ampliarlos a nivel nacional.
El rango de edad de las usuarias también llama la atención. El 40 por ciento tiene entre 18 y 24 años, y un 5 por ciento son adolescentes. Estos datos muestran la importancia de la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.
En el ámbito socioeconómico, el 30 por ciento de las mujeres que abortan son trabajadoras remuneradas, y otro 30 por ciento se dedica al hogar. Esto evidencia que la decisión de interrumpir un embarazo atraviesa distintas realidades y contextos.
A 18 años de este logro, la lucha por los derechos reproductivos continúa. La despenalización en la Ciudad de México no solo cambió la vida de miles de mujeres, sino que también encendió una chispa que sigue impulsando el debate sobre la autonomía y la libertad en todo el país.