La Fiscalía General de la República ha desatado una nueva controversia al solicitar a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el litigio sobre terrenos en Santa Fe, Ciudad de México. Su objetivo es claro: apropiarse de propiedades de alta plusvalía sin pagar un solo peso de indemnización. Lo más sorprendente es el argumento que utiliza: un decreto de 1907, firmado durante el gobierno de Porfirio Díaz.
El decreto en cuestión, publicado por Olegario Molina Solís, entonces secretario de Fomento, declaraba 2,800 metros cuadrados de Santa Fe como reservas para uso público. Ahora, más de un siglo después, la FGR pretende usarlo para despojar a propietarios actuales de sus bienes. Estos terrenos, ubicados en una de las zonas más cotizadas de la capital, incluyen locales comerciales, condominios de lujo y hasta áreas cercanas a la Universidad Iberoamericana.
La maniobra de la FGR no es nueva. Desde 2022, el gobierno federal, a través de la Fiscalía y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ha buscado hacerse de estas propiedades. Lo han intentado por la vía civil y penal, incluso abriendo carpetas de investigación en la Unidad Especializada en Terrorismo. Sí, terrorismo. Así han catalogado a propietarios que defienden sus derechos.
Los títulos de propiedad de estos terrenos tienen una historia que se remonta casi 500 años. Fueron otorgados a indígenas por el obispo Vasco de Quiroga en 1537, tras una petición a la corona española. Estos documentos, inscritos en el Registro Público de la Propiedad, han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, la FGR insiste en que las tierras son de la nación, ignorando un acuerdo de 1917 donde Venustiano Carranza reconoció los derechos de los ocupantes.
La estrategia de la FGR ha sido señalada como un ataque directo a la propiedad privada. Vecinos y representantes legales han denunciado tácticas intimidatorias, como citatorios de la Policía Federal Ministerial y operativos de aseguramiento. Uno de los afectados relató cómo un agente, sin identificarse, exigió la presencia de los dueños de un edificio en un tono prepotente.
La zona en disputa no es cualquier terreno. Santa Fe es un símbolo de desarrollo urbano, con edificios de más de 20 pisos, gasolineras y centros comerciales. La FGR construye ahí su nueva sede, el Parque Nacional de la Justicia, y los terrenos que busca están convenientemente aledaños. Esto ha levantado sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la operación.
En 2022, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, calificó estas acciones como arbitrarias. Acusó a la FGR de falsear delitos, como lavado de dinero, para presionar a los propietarios. Según Limón, el gobierno federal ha pasado de intentos civiles a tácticas penales más agresivas, usando un decreto obsoleto para justificar lo que muchos llaman un despojo.
Los propietarios no se han quedado de brazos cruzados. Han señalado que, si el decreto de 1907 se aplicara al pie de la letra, el gobierno tendría que expropiar desde Contadero hasta Los Pinos, afectando a miles de dueños. “No pueden ser selectivos con la ley”, afirmó un vecino, desafiando la lógica de la FGR.
La solicitud a la Corte pone ahora el caso en el reflector nacional. La decisión de los ministros podría sentar un precedente sobre el respeto a la propiedad privada en México. Mientras tanto, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, sigue adelante con una estrategia que muchos consideran un abuso de poder disfrazado de legalidad.
El litigio de Santa Fe no es solo una disputa por terrenos; es una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para imponer su voluntad. La resolución de este caso será un termómetro de la justicia en el país y de la protección a los derechos de los ciudadanos frente a las ambiciones del poder.