La presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado al brutal asesinato de María del Carmen Morales, madre buscadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, ocurrido en Tlajomulco. En su conferencia mañanera, la mandataria expresó condolencias, pero sus palabras han generado más dudas que certezas. ¿Es solo un gesto político o realmente se hará justicia?
María del Carmen, de 43 años, dedicaba su vida a buscar a su hijo Ernesto Julián, desaparecido desde febrero de 2024. La noche del 23 de abril, ella y su hijo Jaime Daniel, de 26 años, fueron acribillados en un parque público del Fraccionamiento Las Villas. Sujetos en motocicletas dispararon sin piedad y huyeron, dejando una escena de horror que ha conmocionado a Jalisco.
El colectivo Guerreros Buscadores calificó el crimen como un “golpe devastador”. Exigen una investigación inmediata y exhaustiva, además de justicia no solo por los asesinatos, sino también por el caso de Ernesto Julián, que sigue sin resolverse. Pero la Fiscalía de Jalisco ya ha sembrado polémica al afirmar que “no hay indicios” de que el ataque esté relacionado con la labor de María del Carmen como buscadora.
Sheinbaum insistió en que el caso debe investigarse “a fondo” y rechazó las declaraciones de la Fiscalía estatal, que descartó rápidamente un vínculo con el activismo de la víctima. La presidenta aseguró que la Subsecretaría de Derechos Humanos ya está en contacto con la familia para brindar apoyo. Sin embargo, estas promesas suenan vacías para muchos, en un país donde la impunidad reina.
El doble homicidio no es un caso aislado. Desde 2010, al menos 28 personas buscadoras han sido asesinadas en México, según datos periodísticos. Jalisco, con más de 15 mil personas desaparecidas, es el epicentro de esta crisis. Apenas el pasado 2 de abril, otra buscadora, Teresa González, fue asesinada en el mismo estado tras recibir amenazas.
La respuesta del gobierno federal ha sido tibia. Mientras Sheinbaum organiza mesas de diálogo con colectivos de búsqueda, las madres que arriesgan sus vidas siguen desprotegidas. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen y prometió seguir el caso, pero no ofreció medidas concretas para garantizar la seguridad de otros activistas.
El colectivo Guerreros Buscadores ha hecho un llamado directo a la presidenta para que presione al gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, y se tomen acciones reales contra la violencia. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno agrava la situación, dejando a las familias en un limbo de dolor e incertidumbre.
Este trágico episodio pone en evidencia el abandono del Estado hacia quienes buscan a sus seres queridos. Las madres buscadoras no solo enfrentan la pérdida, sino también la indiferencia oficial y el riesgo constante de convertirse en blanco de la violencia. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo seguirán muriendo sin que nada cambie?