La polémica estalló en México tras la aprobación en comisiones del Senado de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena. Este proyecto, que desató una ola de críticas, otorgaría facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales y redes sociales, generando temores de censura masiva.
El artículo 109 de la iniciativa es el centro de la controversia. Según el texto, la agencia podría suspender temporalmente cualquier plataforma digital por “incumplimiento de normativas”, sin necesidad de una orden judicial. Esto, advierten expertos, abre la puerta a un control arbitrario sobre lo que se publica en internet, desde redes sociales hasta sitios web.
La oposición, encabezada por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha calificado esta ley como un ataque directo a la libertad de expresión. Ricardo Anaya, líder panista, acusó al gobierno de Morena de obsesionarse con controlar los medios y las redes, comparando la medida con prácticas autoritarias que buscan silenciar voces críticas.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han encendido las alarmas. Alertaron que bloquear plataformas enteras es una medida extrema, equivalente a cerrar una estación de radio o televisión, y viola la prohibición de censura previa establecida en la Constitución mexicana y tratados internacionales.
Ante la presión, Sheinbaum intentó desmarcarse de las críticas, asegurando que “nunca ha sido su intención censurar”. Sin embargo, sus palabras no convencen, ya que la iniciativa fue aprobada en fast track por Morena y sus aliados, ignorando las sugerencias de la propia presidenta de revisar el polémico artículo.
El Senado, en un giro inesperado, confirmó el retiro del dictamen para someterlo a una revisión. Este paso responde a la creciente indignación de la sociedad civil y la intervención de organismos como la ONU, que llamó a México a garantizar la libertad de expresión y revisar la ley para evitar ambigüedades que puedan derivar en censura.
La creación de la Agencia de Transformación Digital, que asumiría las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, también preocupa. Este organismo, subordinado directamente a la Presidencia, tendría un poder sin precedentes para regular el espectro radioeléctrico y decidir qué contenidos son permitidos, sin contrapesos claros.
La rapidez con la que Morena buscó aprobar esta ley, publicando el dictamen de 226 páginas apenas unas horas antes de su discusión, ha sido señalada como un intento de madruguete. Senadores de oposición denunciaron que no hubo tiempo suficiente para analizar el documento, lo que refuerza las sospechas de intenciones ocultas.
La iniciativa también incluye la prohibición de propaganda extranjera en medios mexicanos, una medida que surgió tras la difusión de un spot antiinmigrante de Estados Unidos en televisiones nacionales. Aunque este punto parece razonable, los críticos advierten que es solo una fachada para justificar un control más amplio sobre los contenidos digitales.
El futuro de esta ley sigue en el aire. La revisión anunciada por el Senado podría ser una oportunidad para corregir sus excesos, pero la desconfianza persiste. Mientras Sheinbaum y Morena insisten en que no buscan censurar, la ciudadanía y los defensores de derechos digitales exigen claridad y garantías para proteger la libertad de expresión en México.