María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue brutalmente asesinada junto a su hijo Jaime Daniel Ramírez en Tlajomulco, Jalisco. El crimen, perpetrado la noche del 23 de abril, ha desatado indignación en un estado donde la inseguridad parece desbordada. Dos hombres en motocicleta atacaron directamente al joven de 26 años, y su madre, de 43, resultó herida al intentar defenderlo. Ambos perdieron la vida en el acto.
La Fiscalía de Jalisco, a cargo de Alfonso Gutiérrez Santillán, ha admitido que el caso está bajo investigación, pero inicialmente afirmó que no había indicios de que el asesinato estuviera ligado a la labor de María como buscadora. Esta declaración provocó una ola de críticas, pues la víctima buscaba incansablemente a su hijo Ernesto Julián, desaparecido desde febrero de 2024. El vicefiscal reconoció más tarde que la información inicial fue imprecisa y que ahora consideran múltiples líneas de investigación, incluyendo la actividad de búsqueda de María.
El colectivo Guerreros Buscadores, conocido por descubrir el infame rancho Izaguirre en Teuchitlán, calificó el crimen como un golpe devastador. Aseguraron que María había recibido amenazas previas por su activismo, lo que pone en tela de juicio la versión inicial de las autoridades. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Universidad de Guadalajara han exigido una investigación exhaustiva que no descarte el contexto de violencia que enfrentan las familias buscadoras en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el doble homicidio y aseguró que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en contacto con la familia para ofrecer apoyo. Sin embargo, sus palabras no han calmado la indignación de los colectivos, que claman por justicia no solo para María y Jaime, sino también para Ernesto, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Sheinbaum insistió en que el caso debe investigarse a fondo, sin descartar que la labor de búsqueda sea el móvil.
Este no es un caso aislado. Apenas unas semanas antes, Teresa González Murillo, otra buscadora del colectivo Luz de Esperanza, fue asesinada en Guadalajara. Entre 2021 y 2025, al menos 12 personas buscadoras han sido asesinadas en México, un país donde la cifra de desaparecidos supera las 126 mil personas. Jalisco, en particular, se ha convertido en un epicentro de violencia, con el Cártel Jalisco Nueva Generación señalado como responsable de numerosos crímenes.
Los colectivos de búsqueda han denunciado la falta de protección por parte de las autoridades. En un estado donde la burocracia y la apatía parecen reinar, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también el riesgo constante de ser atacadas. La exigencia de seguridad para los buscadores se ha vuelto un grito desesperado que resuena en todo el país.
La tragedia de María y Jaime ha reavivado el debate sobre la inseguridad en Tlajomulco, un municipio donde la violencia se ha normalizado. Organizaciones civiles critican que las autoridades minimicen los riesgos que enfrentan las buscadoras, revictimizando a las familias al sugerir que los crímenes no están relacionados con su activismo. Este enfoque, dicen, perpetúa la impunidad y deja desprotegidos a quienes luchan por justicia.
La muerte de María del Carmen Morales y su hijo no es solo una pérdida personal; es un recordatorio de la crisis de violencia que azota a México. Mientras las autoridades prometen investigaciones, los colectivos de buscadores insisten en que no descansarán hasta encontrar respuestas. La lucha por la verdad, sin embargo, se torna cada vez más peligrosa en un país donde buscar justicia puede costar la vida.