Una ola de violencia azotó el occidente de México, dejando un saldo devastador: dos policías muertos, carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y negocios atacados. Los hechos, ocurridos el pasado 23 de abril, se registraron en 26 municipios de Michoacán, dos de Guanajuato y uno de Jalisco, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La disputa entre dos poderosos cárteles del crimen organizado desató el caos en la región. Aunque las autoridades no especificaron los nombres de los grupos, en estos estados operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, ambos señalados como responsables de innumerables actos violentos en el país.
Los ataques incluyeron bloqueos carreteros con vehículos en llamas, agresiones a tiendas y enfrentamientos directos contra las autoridades. Dos policías perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, víctimas de la creciente inseguridad que parece desbordar a las instituciones.
Ante la gravedad de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a declarar que no hubo detenciones y que se trató de un conflicto entre grupos criminales, principalmente en Michoacán. Sus palabras han generado críticas por la aparente falta de acción contundente para frenar la violencia.
Omar García Harfuch aseguró que las autoridades locales y federales trabajaron de manera coordinada para recuperar las vialidades y estabilizar la situación. Además, informó que se decomisaron artefactos explosivos y se destruyeron minas, evidenciando la magnitud del armamento utilizado por los delincuentes.
El secretario enfatizó que estos actos son resultado de la lucha territorial entre cárteles, pero prometió que los responsables no quedarán impunes. Sin embargo, la ausencia de detenciones inmediatas alimenta la percepción de impunidad que prevalece en la región.
Michoacán, Guanajuato y Jalisco se encuentran entre los seis estados con mayor número de homicidios en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia en estas entidades no da tregua, afectando la vida diaria de miles de ciudadanos.
La jornada violenta expone, una vez más, los retos que enfrenta el gobierno federal para garantizar la seguridad. Mientras los cárteles continúan su guerra por el control del territorio, la población queda atrapada en un clima de miedo e incertidumbre.
Las autoridades han reforzado la presencia de personal en las zonas afectadas, pero los resultados concretos aún son inciertos. La promesa de justicia y detenciones suena lejana para quienes viven bajo la amenaza constante del crimen organizado.
Este nuevo episodio de violencia subraya la urgencia de estrategias efectivas para combatir la inseguridad. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones que vayan más allá de los discursos, en un país donde la paz parece cada vez más lejana.