El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ha generado un intenso debate a nivel global. La medida busca impulsar la extracción de minerales críticos en el fondo del océano, una acción que promete fortalecer la economía estadounidense, pero que también despierta preocupaciones por sus posibles impactos ambientales.
La orden, publicada por la Casa Blanca, instruye a los secretarios del Interior, Doug Burgum, y de Comercio, Howard Lutnick, a agilizar los permisos para la exploración y minería en aguas profundas. El objetivo es claro: posicionar a Estados Unidos como líder en una industria que, hasta ahora, no ha despegado a gran escala debido a restricciones y preocupaciones ecológicas.
Estados Unidos controla una de las áreas oceánicas más extensas del mundo, rica en recursos minerales como níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y tierras raras. Estos materiales son esenciales para la fabricación de baterías, dispositivos tecnológicos y equipos de defensa, sectores donde China mantiene un dominio casi total.
La Casa Blanca argumenta que la explotación del lecho marino es clave para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Además, la medida busca contrarrestar la influencia de China en el control de estos recursos estratégicos, fortaleciendo alianzas con países aliados y asegurando que las empresas estadounidenses lideren el mercado.
Sin embargo, la minería en aguas profundas no está exenta de críticas. Expertos y organizaciones ambientales advierten que esta práctica podría causar daños irreversibles a los frágiles ecosistemas marinos. La falta de regulaciones internacionales claras y los riesgos de alterar hábitats únicos generan preocupación en la comunidad científica.
La orden ejecutiva se suma a acciones previas de Trump, como la invocación de poderes de emergencia el mes pasado para fomentar la producción doméstica de minerales críticos. También ordenó recientemente una investigación sobre la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones de estos materiales, intensificando la rivalidad comercial con China.
A nivel internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos regula la explotación en aguas fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado el tratado que reconoce su autoridad, lo que podría complicar las operaciones en altamar y generar tensiones diplomáticas.
La administración Trump estima que la minería submarina podría generar miles de empleos y aumentar significativamente el PIB estadounidense en la próxima década. Sin embargo, detractores como Ocean Conservancy advierten que esta decisión podría alentar a otros países a ignorar regulaciones globales, poniendo en riesgo los océanos.
El debate está lejos de terminar. Mientras algunos ven en esta medida una oportunidad para la independencia económica, otros la consideran un paso arriesgado hacia la explotación descontrolada de los recursos naturales. Los próximos pasos de la administración serán clave para determinar el impacto de esta controvertida iniciativa.