El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue privado de la palabra durante una audiencia judicial en Lima, debido a su comportamiento considerado irrespetuoso y desafiante hacia el tribunal que lo juzga. La decisión se tomó este jueves tras repetidos incidentes en los que Castillo interrumpió el proceso y cuestionó la legitimidad de los jueces.
El juicio oral contra Castillo se centra en los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, relacionados con su intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022. En aquella ocasión, el exmandatario anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, un acto que desató una crisis política en el país.
Durante la audiencia, Castillo solicitó intervenir para expresar su rechazo al proceso, al que califica como una persecución política. Sin embargo, la magistrada Norma Carbajal, presidenta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, le negó el uso de la palabra, argumentando que sus intervenciones previas han sido irrespetuosas y obstaculizan el desarrollo del juicio.
La defensa de Castillo, representada por un abogado público, fue advertida de que el exmandatario podría enfrentar sanciones adicionales si persiste en su actitud. Castillo, por su parte, ha insistido en que no reconoce la legitimidad del proceso y asegura que su encarcelamiento es una injusticia contra un representante del pueblo peruano.
El juicio también involucra a otros exfuncionarios, como la ex primera ministra Betssy Chávez y el exasesor Aníbal Torres, acusados de ser cómplices en el fallido golpe. La fiscalía sostiene que los involucrados planearon desmantelar el orden constitucional, utilizando las fuerzas públicas para tomar el control de instituciones clave.
Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2022, ha protagonizado otros incidentes durante el proceso judicial. En marzo de este año, inició una huelga de hambre para protestar contra lo que considera un juicio politizado, aunque su estado de salud no ha interrumpido las audiencias.
El caso ha generado división en Perú, con sectores que apoyan a Castillo, viéndolo como un símbolo de las luchas campesinas, mientras otros lo acusan de intentar subvertir la democracia. Las audiencias continuarán en los próximos días, con la fiscalía buscando una condena de hasta 34 años de prisión para el expresidente.
La resolución del tribunal de este jueves refleja la tensión que persiste en el proceso, mientras Castillo mantiene su postura de confrontación. El desenlace del juicio será crucial para determinar el futuro político y judicial del exmandatario, cuyo caso sigue resonando en la región.