A partir del 24 de abril, los candidatos a cargos judiciales en el Estado de México enfrentan un proceso electoral único, con reglas estrictas que limitan sus campañas. Por primera vez, los ciudadanos elegirán a 91 jueces, magistrados y otros cargos del Poder Judicial, pero los aspirantes tienen las manos atadas por regulaciones que buscan garantizar equidad.
El Instituto Electoral del Estado de México ha establecido que los candidatos no pueden recibir financiamiento público ni privado. Esto significa que cualquier gasto, desde imprimir volantes hasta trasladarse a un evento, debe salir de sus bolsillos. La idea es evitar influencias externas, pero pone a los aspirantes en una situación complicada para llegar a los votantes.
Está prohibido contratar espacios en radio, televisión o redes sociales para promocionarse. Los candidatos no pueden pagar por anuncios digitales ni potenciar publicaciones, lo que limita su alcance en un mundo donde las redes son clave. Solo pueden usar sus perfiles personales sin invertir un solo peso en difusión.
Los eventos masivos, como los mítines tradicionales, están fuera de la mesa. Los aspirantes no pueden rentar templetes, sonido o sillas para congregar multitudes. Incluso las reuniones con más de un candidato están vetadas, para evitar alianzas que podrían interpretarse como financiamiento encubierto.
La propaganda también tiene restricciones estrictas. Solo se permite imprimir materiales en papel reciclable, nada de lonas, playeras o espectaculares. Pintar bardas o rotular vehículos está prohibido, y los candidatos no pueden repartir regalos, dinero ni ofrecer beneficios para ganar votos.
Los debates y foros son una de las pocas herramientas permitidas. El Instituto Electoral organizará encuentros donde los candidatos podrán exponer sus propuestas, pero sin público presencial. Los medios de comunicación pueden replicar estos eventos, siempre que garanticen equidad y no cobren por la transmisión.
Los servidores públicos que sean candidatos deben mantener la imparcialidad. No pueden usar recursos de sus cargos, como personal o vehículos oficiales, para sus campañas. Cualquier desliz podría ser considerado una infracción grave por el Instituto Nacional Electoral, que fiscalizará cada peso gastado.
Las campañas durarán 35 días, hasta el 30 de mayo, y los candidatos tendrán que ser creativos para conectar con los 13 millones de electores del estado. La falta de recursos y las restricciones han generado críticas, pues muchos consideran que dificultan la promoción de propuestas.
Este proceso, que culminará el 1 de junio, es un experimento sin precedentes en México. La elección judicial busca democratizar el Poder Judicial, pero las reglas tan estrictas podrían limitar la participación ciudadana y el conocimiento de los candidatos.
A pesar de las limitaciones, los aspirantes están obligados a cumplir con las reglas para evitar sanciones. La transparencia y la equidad son la prioridad, pero el desafío de hacerse visibles en un proceso tan restringido pone a prueba la creatividad de los candidatos.