Una juez federal en Washington bloqueó temporalmente una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que obligaba a los votantes a presentar pruebas de ciudadanía, como un pasaporte, para registrarse en elecciones federales. La decisión, tomada este jueves, representa un revés significativo para las reformas electorales impulsadas por el mandatario estadounidense.
La orden de Trump, firmada en marzo, requería que la Comisión de Asistencia Electoral modificara los formularios de registro de votantes para exigir documentos que acreditaran la ciudadanía. Entre los aceptados estaban pasaportes, identificaciones oficiales o tarjetas militares, excluyendo actas de nacimiento. Esta medida buscaba, según el presidente, garantizar la integridad electoral y evitar el supuesto fraude por parte de no ciudadanos.
La juez Colleen Kollar-Kotelly, del Distrito de Columbia, falló a favor de una coalición de organizaciones que argumentaron que la orden era inconstitucional. Según los demandantes, la medida violaba la autoridad de los estados para regular las elecciones, un poder otorgado por la Constitución de Estados Unidos.
Los críticos de la orden, incluida la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), señalaron que el requisito podría privar del voto a millones de ciudadanos. Un informe del Brennan Center for Justice estima que el 9% de los estadounidenses en edad de votar, unos 21.3 millones, no cuentan con documentos que prueben su ciudadanía de manera inmediata.
Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto de la ACLU, afirmó que la orden de Trump formaba parte de un ataque más amplio contra las elecciones democráticas. Según ella, la medida promovía teorías conspirativas infundadas sobre el fraude electoral, una narrativa recurrente en el discurso del presidente.
Además del requisito de ciudadanía, la orden de Trump exigía que los estados dejaran de contar boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones. Esto afectaría a estados como California, donde los votos por correo pueden contarse hasta siete días posteriores si tienen el matasellos correspondiente.
La orden también instruía a agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional, a compartir datos para identificar a no ciudadanos en los padrones electorales. Sin embargo, los opositores argumentaron que estas disposiciones excedían la autoridad presidencial y podían generar obstáculos innecesarios para los votantes.
La decisión de la juez Kollar-Kotelly no aborda la legalidad total de la orden, sino que se centra en la falta de autoridad de Trump para imponer estos cambios unilateralmente. La batalla legal probablemente continuará, ya que los demandantes buscan una resolución definitiva en los tribunales.
Este fallo se suma a otros reveses judiciales recientes contra las políticas de Trump, incluyendo bloqueos a órdenes sobre migración y ciudadanía por nacimiento. La controversia refleja las tensiones actuales en torno a las reformas electorales en Estados Unidos.
Mientras tanto, defensores de los derechos electorales celebraron la decisión como un paso para proteger el acceso al voto. Sin embargo, la polarización en torno a las leyes electorales promete mantener este tema en el centro del debate político en los próximos meses.