Un juez federal en California ha asestado un duro golpe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Este jueves, William Orrick prohibió al gobierno estadounidense retener o condicionar fondos federales a las llamadas ciudades santuario, aquellas que limitan su cooperación con las autoridades migratorias para proteger a migrantes indocumentados.
La decisión responde a una demanda presentada por San Francisco y más de una docena de municipios, incluyendo Seattle, Portland y Minneapolis. Estas ciudades argumentaron que las órdenes ejecutivas de Trump, que buscaban castigarlas por no colaborar con las deportaciones, violaban la Constitución de Estados Unidos.
Orrick, designado por el expresidente Barack Obama, dictaminó que las medidas de Trump eran inconstitucionales, ya que el Congreso tiene la autoridad exclusiva para asignar fondos federales. Congelar o condicionar estos recursos, según el juez, infringe los principios de separación de poderes.
Las ciudades santuario, como San Francisco, Chicago y Nueva York, prohíben a sus funcionarios cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la identificación y expulsión de migrantes sin papeles. Esta política busca generar confianza entre las comunidades migrantes y la policía local.
Trump, que ha prometido deportaciones masivas, emitió dos órdenes ejecutivas para presionar a estas jurisdicciones. Una instruía a las secretarías de Justicia y Seguridad Nacional retener fondos federales. La otra ordenaba a todas las agencias federales asegurarse de que los pagos a gobiernos locales no fomentaran políticas santuario.
En una audiencia previa, el Departamento de Justicia argumentó que aún no se habían retenido fondos específicos, por lo que la orden judicial era prematura. Sin embargo, Orrick señaló que este argumento ya fue rechazado en 2017, cuando Trump intentó una medida similar durante su primer mandato.
La decisión protege a 16 ciudades y condados, incluyendo varias zonas de California como San Diego, Oakland y Santa Clara, así como regiones en Washington, Minnesota y Nuevo México. Estas jurisdicciones podrán seguir recibiendo fondos federales sin temor a represalias.
El fallo se suma a otros reveses judiciales contra las políticas migratorias de Trump. La semana pasada, otro juez federal impidió la revocación del estatus legal de cientos de miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, lo que evidencia los obstáculos legales que enfrenta la administración.
Orrick ordenó al gobierno notificar a todas las agencias federales sobre esta prohibición antes del lunes. Mientras tanto, ciudades como Chelsea y Somerville, en Massachusetts, también han presentado demandas para frenar las presiones de Trump por colaborar en deportaciones masivas.
Este nuevo capítulo en la batalla por las ciudades santuario refleja las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales en Estados Unidos. La resolución judicial garantiza, por ahora, que estas jurisdicciones puedan mantener sus políticas de protección a migrantes sin perder recursos esenciales.