Las comisiones del Senado, dominadas por Morena y sus aliados, dieron un paso polémico al aprobar una nueva Ley de Telecomunicaciones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que pasó con 29 votos a favor y 9 en contra, se discutió a toda prisa, sin tiempo para un análisis profundo, lo que desató la furia de la oposición.
El dictamen, de más de 300 páginas, se aprobó en menos de dos horas y media, algo que senadores como Ricardo Anaya del PAN calificaron como un “albazo”. La oposición asegura que esta ley es un intento descarado de controlar los medios y las redes sociales, bajo el pretexto de prohibir propaganda extranjera.
La reforma plantea que la Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Merino, tendrá un poder descomunal para administrar concesiones de radio y televisión. Pero lo que más preocupa es el artículo 109, que permitiría bloquear plataformas digitales sin aclarar bajo qué criterios, lo que muchos ven como una puerta abierta a la censura.
Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no se quedaron callados. Manuel Añorve, del PRI, acusó al gobierno de aprovechar la coyuntura de los anuncios antimigrantes de Donald Trump para colar una ley que controla la narrativa pública. Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó la falta de debate y la aprobación exprés.
Morena, junto con el PT y el Verde, defendió la iniciativa asegurando que protege la soberanía nacional y garantiza el acceso universal a servicios digitales. José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, afirmó que la ley asegurará que el espectro radioeléctrico beneficie a todos los mexicanos.
Sin embargo, la oposición insiste en que esta reforma es un ataque directo a la libertad de expresión. Ricardo Anaya advirtió que el PAN se opondrá con todo en el Pleno del Senado, donde la ley será discutida la próxima semana. “No pasará tan fácil”, prometió.
La presidenta Sheinbaum justificó la reforma argumentando que busca frenar propaganda discriminatoria, como los mensajes antimigrantes pagados por gobiernos extranjeros. Sin embargo, sus críticos señalan que el verdadero objetivo es silenciar voces disidentes en redes sociales y medios digitales.
El dictamen también incluye la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, trasladando sus funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital. Además, contempla sanciones económicas de hasta el 0.75 por ciento de los ingresos de los concesionarios y la posibilidad de rescatar concesiones por “interés público” o “seguridad nacional”.
La rapidez con la que se aprobó esta ley ha levantado sospechas. La oposición exige un parlamento abierto para discutir a fondo las implicaciones de esta reforma, pero Morena parece decidida a sacarla adelante sin escuchar críticas.
Este nuevo capítulo en la política mexicana promete más enfrentamientos. La batalla por la libertad de expresión apenas comienza, y el Pleno del Senado será el próximo escenario donde se decidirá el futuro de esta controvertida ley.