En un movimiento que ha desatado furia entre la oposición, las comisiones del Senado, dominadas por Morena, aprobaron sin cambios la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el oficialismo dio luz verde a un proyecto que, según críticos, amenaza gravemente la libertad de expresión en México.
La iniciativa, enviada al Senado con una rapidez inusitada, busca reemplazar al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Merino, un aliado del gobierno. Este nuevo organismo tendría el poder de bloquear plataformas digitales y redes sociales, una facultad que ha encendido las alarmas entre senadores opositores.
El senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó la aprobación como un “albazo legislativo” y acusó al oficialismo de actuar con cinismo. Anaya advirtió que el artículo 109 de la ley permite al gobierno censurar plataformas digitales sin orden judicial, sin límites de tiempo y sin procedimientos claros, lo que representa un retroceso autoritario.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que esta legislación es un “asalto” a la libertad de expresión. Barrales criticó la premura con la que se procesó el dictamen, recibido apenas la noche anterior, lo que impidió un análisis técnico adecuado y levantó sospechas sobre las intenciones del gobierno.
El artículo 210 de la ley también ha generado controversia al prohibir la difusión de propaganda política o ideológica extranjera en medios y plataformas digitales, salvo contenidos culturales o turísticos. La senadora del PT, Liseth Sánchez, defendió esta medida, argumentando que protege a las comunidades migrantes de mensajes discriminatorios, pero la oposición insiste en que es una excusa para controlar contenidos.
Manuel Añorve, senador del PRI, fue contundente al afirmar que esta no es una ley de telecomunicaciones, sino una “nueva censura del bienestar”. Añorve acusó al gobierno de aprovechar la coyuntura de spots extranjeros para justificar un control absoluto sobre radio, televisión y redes sociales.
La presidenta Sheinbaum intentó calmar las críticas al declarar que no busca censurar, sino sancionar plataformas que violen leyes, como aquellas que no paguen impuestos o comprometan la seguridad. Sin embargo, reconoció que la redacción del proyecto podría ajustarse, una promesa que no detuvo la aprobación en comisiones.
El sector empresarial, representado por la International Chamber of Commerce México, también expresó su preocupación y pidió un parlamento abierto para analizar la iniciativa. Advirtieron que la ley podría violar compromisos internacionales, como el T-MEC, y afectar la autonomía de los reguladores.
La oposición, liderada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, anunció que dará la batalla en el pleno del Senado, donde el dictamen será discutido el próximo lunes. Senadores como Lilly Téllez acusaron al gobierno de pretender dar un “tiro de gracia” a la democracia con esta legislación.
El debate está lejos de terminar, y la “Ley Censura”, como la ha bautizado la oposición, promete ser un punto de ruptura entre el oficialismo y sus críticos. Mientras Morena defiende la iniciativa como una defensa de la soberanía, la sociedad mexicana observa con inquietud este nuevo capítulo en la lucha por la libertad de expresión.