El Estado de México enfrenta una crisis alarmante por el despojo de propiedades, con un promedio de 14 denuncias presentadas cada día. Según datos oficiales, este delito ha convertido a la entidad en un foco de inseguridad para los propietarios, quienes ven sus hogares y terrenos amenazados por grupos organizados.
Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Chalco son los más afectados. En estas zonas, los casos de invasión de casas deshabitadas o despojo violento se han disparado, generando temor entre los habitantes. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales agrava la situación.
Organizaciones civiles han señalado que el Estado de México se ha convertido en la “capital nacional del despojo”. Los grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad de propiedades desocupadas o la ausencia de dueños para tomarlas ilegalmente, dejando a las familias sin su patrimonio.
Un caso emblemático es el de Chalco, donde la señora Carlota, una adulta mayor, fue víctima de un despojo violento. Este incidente, que involucró agresiones armadas, expuso la impunidad con la que operan estas bandas, muchas veces en complicidad con funcionarios corruptos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta que en 2024 se registraron más de 5 mil denuncias por este delito. Sin embargo, la mayoría de los casos quedan sin resolverse, lo que refleja la ineficacia de las autoridades para combatir esta problemática que afecta a miles de familias.
El modus operandi de los despojadores incluye desde el uso de documentos falsos hasta la intimidación con armas de fuego. En algunos casos, se ha denunciado la participación de notarios y empleados del Registro Público de la Propiedad, lo que complica aún más la recuperación de los inmuebles.
Ante esta situación, el gobierno estatal ha prometido una estrategia integral para abordar el problema. El secretario de Gobernación mexiquense anunció que se trabaja en una revisión de posibles irregularidades en el catastro y el registro público, pero los ciudadanos exigen resultados concretos.
La falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales ha permitido que el despojo prospere. Mientras tanto, los habitantes del Estado de México viven con el temor constante de perder su patrimonio, sin que se vislumbre una solución definitiva.
La propuesta de endurecer las penas, impulsada por algunos legisladores, busca castigar con hasta 15 años de prisión a quienes ocupen propiedades ilegalmente. Sin embargo, la implementación de estas medidas aún está en discusión, dejando a los ciudadanos en la incertidumbre.