Este jueves 24 de abril dieron inicio las campañas para renovar el Poder Judicial del Estado de México, un proceso sin precedentes que busca transformar la impartición de justicia en la entidad. En total, se elegirán 91 cargos, incluyendo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas y jueces, todos mediante voto popular el próximo 1 de junio.
La elección, impulsada por la reforma judicial aprobada por la Legislatura mexiquense, ha sido promovida por Morena como un paso hacia la democratización de la justicia. Sin embargo, las reglas estrictas para las campañas han levantado críticas. Los candidatos no pueden recibir financiamiento público ni privado, y están limitados a usar recursos personales, redes sociales y foros públicos para promocionarse.
El Instituto Electoral del Estado de México ha establecido un periodo de 35 días para que los aspirantes den a conocer sus propuestas. La propaganda está restringida: no se permiten spots en radio o televisión, espectaculares ni apoyo de partidos políticos. Esta medida, según las autoridades, busca garantizar equidad, pero muchos cuestionan si realmente permite a los candidatos llegar a la ciudadanía.
En total, 929 personas fueron seleccionadas como idóneas para competir por estos cargos tras un proceso de evaluación a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La selección incluyó insaculaciones públicas para garantizar transparencia, aunque persisten dudas sobre la preparación de algunos aspirantes para asumir roles tan cruciales en el sistema judicial.
La plataforma “Conóceles Judicial” ya está disponible para que los ciudadanos consulten los perfiles, trayectorias y propuestas de los candidatos. Sin embargo, el Instituto Electoral ha reconocido que la participación ciudadana podría ser un desafío, dado el desconocimiento general sobre las funciones de los cargos judiciales.
El proceso no ha estado exento de controversias. El Tribunal Electoral del Estado de México ha recibido al menos 11 impugnaciones de aspirantes que no fueron seleccionados, argumentando irregularidades en los filtros de evaluación. Algunas voces críticas señalan que la reforma podría politizar la justicia, al someter a los jueces a la dinámica electoral.
Morena, que domina el Congreso local, defiende la reforma como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo. No obstante, partidos de oposición como el PAN y el PRI han expresado su rechazo, argumentando que la elección popular podría comprometer la profesionalización y la independencia del Poder Judicial.
El arranque de las campañas coincide con un momento de alta polarización en el estado. Mientras el gobierno de Delfina Gómez, de Morena, impulsa esta transformación, hay quienes advierten que el proceso podría estar más orientado a consolidar el control político que a fortalecer la impartición de justicia.
A medida que los candidatos recorren el estado y buscan convencer a los votantes, la ciudadanía enfrenta el reto de informarse y participar en una elección que, sin duda, marcará un antes y un después en la historia judicial de México.