La senadora de Morena, Andrea Chávez, está en el ojo del huracán tras una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El organismo decidió que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar las denuncias contra la legisladora por el uso de caravanas médicas en Chihuahua, señaladas como una estrategia de promoción personal con miras a las elecciones de 2027. En su lugar, el caso fue turnado al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, desatando críticas por la aparente falta de claridad en las autoridades electorales.
Las caravanas médicas, que ofrecen servicios de salud gratuitos en colonias de Chihuahua, han sido el centro de la controversia. Estas unidades, operadas por la empresa FMedical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, un empresario cercano al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, están tapizadas con el rostro y el nombre de Chávez. Según reportes, la operación de estas caravanas cuesta alrededor de 10 millones de pesos al mes, lo que ha levantado sospechas sobre el origen de los recursos y su propósito político.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja formal contra la senadora, acusándola de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental. Los panistas argumentan que Chávez está utilizando las caravanas para posicionarse como candidata a la gubernatura de Chihuahua en 2027, violando las leyes electorales. La decisión del TEPJF de remitir el caso a Chihuahua ha sido vista como un intento de diluir la investigación.
Andrea Chávez ha defendido su iniciativa, asegurando que las caravanas son un esfuerzo altruista para llevar atención médica a comunidades marginadas. En entrevistas, ha admitido que los recursos provienen de empresarios, pero ha cambiado su versión sobre la naturaleza de estos apoyos, primero hablando de donaciones y luego de convenios de colaboración. Estas contradicciones han alimentado las críticas de la oposición, que la acusan de falta de transparencia.
El empresario Fernando Padilla Farfán, dueño de FMedical, es una figura clave en el escándalo. Su cercanía con Adán Augusto López y los millonarios contratos que su empresa ha recibido de gobiernos morenistas han levantado sospechas de un posible conflicto de interés. La oposición ha señalado que el financiamiento de las caravanas podría estar ligado a estos contratos, lo que representaría un uso indebido de recursos públicos.
El PAN no se ha quedado de brazos cruzados. Además de la queja electoral, ha presentado denuncias penales contra Chávez ante la Fiscalía General de la República, acusándola de delitos como peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los panistas aseguran que el despliegue de recursos en Chihuahua, incluyendo espectaculares y una intensa campaña en redes sociales, es desproporcionado para una senadora y sugiere una operación política bien financiada.
La resolución del TEPJF ha generado críticas entre quienes consideran que el tribunal evade su responsabilidad al pasar el caso a una autoridad local. Algunos analistas señalan que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua podría no tener la capacidad o la imparcialidad necesarias para investigar a fondo un caso que involucra a una figura prominente de Morena. Esto ha avivado el debate sobre la independencia de las instituciones electorales en México.
Mientras tanto, Chávez sigue en el centro de la polémica, defendiendo su labor y acusando a sus críticos de persecución política. La senadora ha utilizado sus redes sociales para destacar los beneficios de las caravanas médicas, pero no ha aclarado del todo el origen de los fondos ni las razones detrás de la personalización de las unidades. El caso promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses, especialmente conforme se acerquen las elecciones en Chihuahua.