Un juez federal otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para evitar su detención por presuntos delitos de corrupción. La medida, dictada por un secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, impide que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en su contra mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo.
Aureoles enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República, que lo señala por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos delitos estarían relacionados con un desfalco de más de 3 mil 400 millones de pesos durante su administración en Michoacán, entre 2015 y 2021.
El caso se centra en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Apatzingán, Huetamo y Zitácuaro. Según las investigaciones, estos proyectos se adjudicaron a sobreprecio a la Inmobiliaria DIP, causando un daño millonario al erario del estado. La FGR asegura que Aureoles y sus colaboradores inflaron costos y realizaron operaciones fraudulentas.
Cuatro exfuncionarios de su gobierno ya fueron vinculados a proceso en marzo pasado. Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, y otros tres excolaboradores enfrentan cargos por peculado, administración fraudulenta y lavado de dinero. Todos permanecen en prisión preventiva, mientras que Aureoles, hasta ahora, ha evadido la captura.
La suspensión provisional requiere que el exgobernador pague una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días. Este recurso legal le permite mantenerse en libertad mientras el juzgado decide, el próximo 29 de abril, si otorga una suspensión definitiva que prolongaría su protección contra la detención.
El caso ha generado controversia, especialmente porque Aureoles ha sido señalado por realizar múltiples viajes al extranjero mientras era investigado. Registros del Instituto Nacional de Migración indican que entre 2023 y 2024 salió del país en 10 ocasiones, visitando destinos como Estados Unidos, España y Brasil.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido uno de los principales impulsores de las denuncias contra Aureoles. Desde que asumió el cargo, presentó más de 13 acusaciones por irregularidades en la administración anterior, incluyendo el desvío de recursos federales destinados a obra pública.
La situación legal de Aureoles sigue en desarrollo, y la resolución del amparo será clave para determinar si enfrenta la justicia o logra mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Mientras tanto, el caso sigue alimentando el debate sobre la corrupción en los gobiernos estatales y la impunidad de figuras políticas.