La presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado una polémica con su nueva iniciativa de telecomunicaciones, enviada al Senado este 23 de abril de 2025, que plantea la posibilidad de bloquear plataformas digitales como Netflix, Google o Amazon. La propuesta, que busca regular el sector, ha generado críticas por su aparente intención de controlar el acceso a internet y limitar la libertad de los usuarios en México.
Según el proyecto, las empresas digitales podrían enfrentar bloqueos si no cumplen con las regulaciones establecidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas medidas, justificadas como una forma de proteger la infraestructura de telecomunicaciones, han sido señaladas como un intento del gobierno de Morena por censurar contenidos y restringir el acceso a plataformas que no se alineen con sus intereses.
La iniciativa también incluye una controvertida cláusula que prohíbe mensajes de gobiernos extranjeros en plataformas digitales, un punto que ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de la propuesta. Críticos, como el exlíder del PAN, Ricardo Anaya, han denunciado que esta ley podría ser una herramienta para silenciar voces disidentes y consolidar el control del gobierno sobre el espacio digital.
Sheinbaum defiende la iniciativa argumentando que busca reducir la brecha digital y mejorar la conectividad en zonas rurales. Sin embargo, expertos en tecnología advierten que las medidas propuestas podrían desincentivar la inversión extranjera en el sector tecnológico y afectar a millones de usuarios que dependen de estas plataformas para trabajar, estudiar o entretenerse.
Otro aspecto preocupante es la rapidez con la que el gobierno pretende aprobar esta ley. Según fuentes cercanas al Congreso, Morena planea darle un trámite acelerado, lo que limita el tiempo para un debate profundo sobre sus implicaciones. Esta estrategia ha sido criticada como una maniobra para evitar la oposición de la sociedad civil y los sectores afectados.
La propuesta también plantea que las plataformas digitales contribuyan a un fondo solidario para financiar la infraestructura de telecomunicaciones. Aunque el gobierno asegura que esto aliviará la carga de operadores como Telcel y AT&T, no queda claro cómo se administrarán estos recursos ni qué garantías habrá para evitar un mal uso de los fondos.
Organizaciones de derechos digitales han alertado que el bloqueo de plataformas podría violar tratados internacionales y derechos fundamentales como la libertad de expresión. México, que ya enfrenta retos en materia de ciberseguridad y acceso a internet, podría retroceder en su desarrollo tecnológico si esta iniciativa se aprueba sin modificaciones.
El anuncio de Sheinbaum llega en un contexto de creciente tensión con sectores críticos de su administración. Con una aprobación del 80% según encuestas recientes, la presidenta parece confiada en empujar reformas controvertidas, pero esta iniciativa podría costarle el apoyo de los usuarios digitales, un sector clave en la opinión pública.
La discusión en el Senado será crucial para determinar el futuro de esta ley. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los ciudadanos, quienes temen que el gobierno busque controlar no solo las telecomunicaciones, sino también la forma en que se informan y comunican en el mundo digital.
Este nuevo capítulo en la gestión de Sheinbaum pone en evidencia las prioridades de su gobierno: regular a toda costa, incluso si eso significa limitar las libertades de los mexicanos. La pregunta ahora es si el Congreso cederá a la presión de Morena o si habrá una resistencia que frene esta iniciativa antes de que cambie el panorama digital del país.