La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que promete revolucionar la administración pública. Se trata de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, un proyecto que, según el gobierno, busca simplificar la vida de los ciudadanos. Pero, ¿es realmente una solución o solo una cortina de humo para desviar la atención?
El anuncio, hecho con bombo y platillo, asegura que esta ley reducirá los trámites en un 50% y digitalizará el 80% de los procesos administrativos. En México, donde una persona realiza en promedio 486 trámites en su vida, la idea suena atractiva. Sin embargo, las promesas de Morena suelen quedarse en el aire, y este proyecto no parece ser la excepción.
La iniciativa propone crear un modelo nacional de simplificación y digitalización, con herramientas como la Llave MX, un sistema de autenticación digital basado en la CURP. También se habla de un portal único para trámites en línea. Pero, ¿quién garantiza que estas plataformas funcionarán? Los antecedentes de sistemas gubernamentales fallidos no inspiran confianza.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, celebró la recepción de la iniciativa, asegurando que será un paso hacia la transparencia. Sin embargo, su entusiasmo parece más un eco de la narrativa oficial que un análisis crítico. La propuesta fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pero el proceso legislativo apenas comienza.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara, no se quedó atrás y afirmó que esta ley acabará con los trámites largos y costosos. Pero las palabras bonitas no ocultan la realidad: los gobiernos de Morena han prometido eficiencia antes, y los resultados suelen ser decepcionantes. ¿Por qué deberíamos creerles ahora?
Uno de los puntos más llamativos es la eliminación de más de 350 mil trámites a nivel nacional. La iniciativa reconoce que los gobiernos locales son responsables del 85% de estos procesos, lo que pone en duda la capacidad del gobierno federal para imponer cambios en estados y municipios. La burocracia no se elimina con discursos.
Además, la ley excluye trámites fiscales, de seguridad pública y nacional, así como los relacionados con la Secretaría de la Defensa o la Marina. Esto limita su alcance y deja fuera áreas clave donde la corrupción y la ineficiencia son notorias. ¿Entonces, qué tan transformadora es realmente esta reforma?
El gobierno de Sheinbaum insiste en que la digitalización es la clave para combatir la corrupción. Pero en un país con brechas digitales, donde muchas comunidades rurales carecen de acceso a internet, estas promesas parecen más un sueño que una realidad. La transformación digital no puede dejar atrás a los más vulnerables.
Por si fuera poco, la iniciativa plantea sustituir la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por una nueva Agencia Nacional de Transformación Digital. Este cambio suena a más burocracia disfrazada de modernización. Crear nuevas instituciones no siempre equivale a solucionar problemas.
Mientras el Congreso analiza esta propuesta, la ciudadanía espera resultados concretos. Las promesas de un gobierno más ágil y transparente suenan bien, pero el historial de Morena invita al escepticismo. ¿Será esta ley un verdadero cambio o solo otro capítulo en la saga de promesas incumplidas?