La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, ha encendido las alarmas al calificar las elecciones judiciales del 1 de junio como un simple “ensayo y error” para los comicios de 2027. En un proceso inédito en México, donde los ciudadanos elegirán jueces, magistrados y ministros, Ortiz critica la falta de claridad y preparación por parte del Instituto Nacional Electoral.
Entrevistada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras realizaba un volanteo para su campaña, Ortiz señaló que el INE no ha facilitado que la población conozca a los candidatos ni entienda cómo votar. Según sus cálculos, basados en visitas durante su campaña, cerca del 30% de los ciudadanos ni siquiera sabe que habrá una elección.
La ministra no se guardó nada y arremetió contra las trabas del proceso electoral. A pesar de que el Tribunal Electoral revocó hace dos semanas una medida del INE, Ortiz insiste en que la información sigue siendo insuficiente. “¿Cómo vamos a saber los ciudadanos que tenemos que votar?”, cuestionó, comparando las dificultades del proceso con las trabas para pagar impuestos.
Ortiz destacó que los foros informativos no cumplen su propósito y las reglas del INE complican la difusión de los perfiles de los candidatos. “¿Cuántos están? ¿Cuándo va a ser la votación? Cierran todos los caminos”, aseguró, evidenciando un sistema que, según ella, no está preparado para una elección de esta magnitud.
A pesar de sus críticas, Ortiz expresó confianza en los resultados de los comicios. “Siempre confiaré en las instituciones”, afirmó, aunque sus palabras contrastan con las fallas que ella misma denuncia. La ministra parece convencida de que, a pesar de los tropiezos, el proceso sentará un precedente para futuras elecciones.
Este ejercicio electoral, que incluye la renovación de 881 cargos judiciales, es el primero en su tipo en México. Sin embargo, las palabras de Ortiz pintan un panorama preocupante: un proceso improvisado que podría afectar la calidad de la justicia en el país.
La sombra de la desinformación planea sobre el 1 de junio. Con un 54% de la población aún sin conocer la fecha electoral, según encuestas recientes, el camino hacia una justicia cercana al pueblo, como promete Ortiz, parece lleno de obstáculos.
La ministra, conocida por su cercanía con Morena, también enfrenta críticas por su campaña. Denuncias por actos anticipados y apoyos de sindicatos han puesto en duda la equidad del proceso, aunque el Tribunal Electoral ha desechado algunas de estas acusaciones.
Mientras Ortiz recorre las calles pidiendo el voto, su mensaje es claro: el cambio en el Poder Judicial es necesario, pero el proceso actual está lejos de ser perfecto. ¿Será este “ensayo” un paso hacia la transformación o un tropiezo que pagaremos en 2027?
El reloj sigue corriendo, y la ciudadanía espera respuestas. Las elecciones judiciales no solo definirán el futuro de la Suprema Corte, sino que pondrán a prueba la capacidad del INE para organizar un proceso que, por ahora, parece más un experimento que una realidad sólida.