El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México ha asestado un nuevo golpe al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, al declarar infundada su impugnación contra la orden de detención en su contra. El exmandatario, ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscaba evitar la prisión preventiva, pero los magistrados confirmaron que no hay sustento legal para su solicitud.
Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, enfrenta graves acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud, relacionados con su presunta colaboración con los cárteles del Golfo y Los Zetas. Estas imputaciones lo han mantenido recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, desde su deportación desde Estados Unidos el pasado 9 de abril.
La defensa del exgobernador argumentó que, según la Ley de Amparo, se le debía otorgar una suspensión provisional para evitar su detención, independientemente de los delitos que se le imputan. Sin embargo, los magistrados determinaron que los cargos en su contra, que incluyen narcotráfico y lavado de dinero, justifican la prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la Constitución mexicana.
Este fallo confirma la resolución previa del juez Juan Pablo Cortés Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, quien ya había rechazado otorgar la suspensión solicitada por Yarrington. La decisión del tribunal refuerza la postura de las autoridades mexicanas, que buscan procesarlo por su presunta participación en actividades delictivas durante su gestión.
El exgobernador llegó a México tras cumplir una condena de siete años en Estados Unidos por lavado de dinero. En 2021, se declaró culpable de recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos, los cuales utilizó para adquirir propiedades en Texas a través de prestanombres. Estos antecedentes han agravado su situación legal en territorio mexicano.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que Yarrington facilitó el tráfico de drogas durante su mandato, según una denuncia presentada en 2009 por un testigo protegido, identificado como exmiembro del Cártel del Golfo. Las autoridades también lo acusan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que complica aún más su panorama judicial.
El caso de Yarrington se suma al de otros exgobernadores mexicanos, muchos del PRI, que han sido señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado. Su detención en 2017 en Florencia, Italia, bajo un nombre falso, marcó el inicio de un largo proceso que lo llevó de una prisión en Estados Unidos al Altiplano en México.
Aunque el tribunal no concedió la suspensión para evitar su detención, sí determinó que la libertad de Yarrington quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentra recluido. Por ahora, el exmandatario permanecerá en el penal mientras se define su situación jurídica en los próximos meses.
Este nuevo revés legal pone en evidencia los señalamientos que han perseguido a Yarrington durante años, desde su época como una figura prominente del PRI hasta su caída como uno de los exgobernadores más controvertidos de México. Su caso sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.