La Fiscalía General de la República ha dado un golpe contra la explotación ilegal de recursos naturales en Valle de Bravo, Estado de México, al asegurar un inmueble donde se captaba agua de manera ilícita en una zona protegida. El operativo, llevado a cabo en el poblado de Mesa Rica, dejó al descubierto una red de presas ilegales que afectaban los ríos de la región.
El cateo, autorizado por un juez federal, se realizó en un terreno cercano a una área natural protegida. Elementos de la FGR, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en la acción. Más de 150 agentes estuvieron involucrados en este esfuerzo conjunto.
Durante la inspección, las autoridades encontraron diez presas captadoras de agua que extraían ilegalmente el recurso de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec. Estas estructuras, construidas sin permisos, representaban un grave daño ambiental en una región ya afectada por la sobreexplotación de sus recursos hídricos.
Además de las presas, en el lugar se aseguraron 27 vehículos, incluyendo maquinaria pesada como excavadoras, que presuntamente se utilizaban para modificar el terreno y facilitar la extracción de agua. Las imágenes compartidas por la FGR muestran cuerpos de agua alterados y equipo abandonado en el sitio.
El inmueble, ahora bajo resguardo de las autoridades, quedó marcado con un sello de asegurado. La FGR ha iniciado una carpeta de investigación para determinar quiénes son los responsables de este delito ambiental. Se espera que la Profepa presente denuncias adicionales por los daños causados a la biodiversidad.
Este operativo, realizado el pasado 11 de abril pero dado a conocer hasta el 21 del mismo mes, pone en evidencia los problemas de gestión ambiental en el Estado de México. Valle de Bravo, un destino turístico conocido por su lago y bosques, enfrenta desde hace años la presión de actividades ilegales que amenazan sus ecosistemas.
La acción de las autoridades ha sido destacada como un paso para proteger las áreas naturales, pero también levanta preguntas sobre la supervisión de las actividades en zonas protegidas. La falta de controles efectivos ha permitido que estas prácticas persistan, afectando no solo el medio ambiente, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos.
El caso sigue bajo investigación, y las autoridades han prometido ir a fondo para castigar a los culpables. Mientras tanto, el aseguramiento del inmueble y las presas ilegales es una señal de que las instituciones buscan combatir el daño ambiental, aunque queda mucho por hacer para garantizar la sostenibilidad en la región.