El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha enviado al Congreso una iniciativa que promete cambiar las reglas del juego: la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción. Según la narrativa oficial, esta ley busca simplificar la vida de los mexicanos, reducir trámites y combatir la corrupción. Pero, ¿es realmente tan sencillo como lo pintan?
La propuesta, impulsada por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, asegura que se homologarán trámites en los tres niveles de gobierno. La meta es ambiciosa: reducir a la mitad los trámites, requisitos y tiempos de resolución, además de digitalizar el 80% de los procesos para 2025. Suena bien, pero el trasfondo despierta dudas.
En México, una persona realiza en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, desde actas de nacimiento hasta registros fiscales. El gobierno asegura que esta ley facilitará estos procesos, especialmente para pequeñas empresas e inversionistas. Sin embargo, la centralización de todo en una sola agencia federal podría generar más control y menos autonomía para estados y municipios.
La iniciativa requiere reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución, lo que ya ha levantado sospechas. Algunos críticos señalan que este movimiento podría ser una estrategia para concentrar poder en el gobierno federal, dejando a los gobiernos locales con menos capacidad de decisión. ¿Simplificación o control disfrazado?
Otro punto que genera escepticismo es la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública. Se presenta como un modelo innovador para desarrollar capacidades tecnológicas, pero no está claro cómo se financiará ni qué tan transparente será su operación. La promesa de digitalizar trámites suena moderna, pero la infraestructura actual del gobierno no inspira confianza.
El discurso oficial también destaca que esta ley eliminará espacios de corrupción en las ventanillas gubernamentales. Sin embargo, Morena no menciona cómo garantizará que los nuevos sistemas digitales no se presten a irregularidades. La historia reciente nos ha mostrado que las plataformas digitales no son inmunes a fallos o mal uso.
Para las empresas, la ley promete reducir los tiempos de trámites de inversión de 2.6 años a un año, con una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones. Aunque esto podría atraer capital, persisten las dudas sobre si el gobierno cumplirá con los requisitos ambientales y de transparencia que asegura respetar.
Sheinbaum y su equipo insisten en que esta ley es parte del Plan México, un proyecto para modernizar el país. Pero la falta de detalles concretos y la rapidez con la que se ha impulsado la iniciativa hacen que muchos se pregunten si no es solo un discurso más para ganar aplausos.
Mientras tanto, la ciudadanía espera resultados tangibles. Simplificar trámites y combatir la corrupción son promesas recurrentes, pero el historial del gobierno no siempre ha estado a la altura. ¿Será esta ley la excepción o solo otro intento fallido de transformación?