El 21 de abril de 2025, el autor del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, en 2019, fue condenado a cadena perpetua. Este ataque, que dejó 23 muertos, incluidos nueve mexicanos, marcó un antes y un después en la comunidad latina en Estados Unidos. El responsable, Patrick Crusius, se declaró culpable de los cargos por asesinato.
El entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó este suceso como el peor atentado terrorista contra mexicanos en la historia de Estados Unidos. Desde el primer momento, el gobierno mexicano lo consideró un acto de odio dirigido específicamente contra la comunidad hispana, lo que desató una serie de acciones diplomáticas y legales.
El ataque ocurrió el 3 de agosto de 2019 en un supermercado lleno de compradores. Crusius, un joven de 21 años, viajó más de 1,000 kilómetros desde un suburbio de Texas con la intención declarada de “matar tantos mexicanos como fuera posible”. Su manifiesto, publicado en línea, revelaba un profundo odio antiinmigrante y supremacista blanco.
La respuesta de México fue inmediata. Ebrard anunció que se presentarían denuncias por terrorismo contra mexicanos en territorio estadounidense, una acción sin precedentes en la historia bilateral. Además, se exploró la posibilidad de extraditar al culpable, aunque esta opción dependía de la Fiscalía General de la República.
El gobierno mexicano también exigió al de Estados Unidos una postura clara contra los crímenes de odio. Se entregaron notas diplomáticas y se organizaron reuniones con consulados en Texas, California y otros estados para proteger a las comunidades mexicanas. Estas medidas buscaban evitar que tragedias similares se repitieran.
Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Cancillería, celebró la sentencia en redes sociales. Destacó que el caso abrió un debate crucial sobre el comercio de armas en Estados Unidos, un tema que México ha señalado como factor clave en la violencia transfronteriza.
La condena a Crusius no borra el dolor de las familias de las víctimas, pero representa un paso hacia la justicia. Las 23 personas asesinadas, muchas de ellas latinas, fueron recordadas en vigilias que unieron a mexicanos y estadounidenses en El Paso, una ciudad donde ocho de cada diez habitantes son de origen hispano.
Este caso también puso en el centro la discusión sobre el racismo y la migración en Estados Unidos. El aumento de crímenes de odio contra latinos, exacerbado en los últimos años, sigue siendo una preocupación para las comunidades migrantes y las autoridades mexicanas.
La sentencia llega tras casi seis años de un proceso judicial que mantuvo la atención de ambos países. Para México, este fallo es un mensaje claro contra el terrorismo y los discursos de odio que amenazan a las comunidades mexicanas en el exterior.
El legado de esta tragedia sigue vivo. Las acciones legales iniciadas por México, junto con la presión internacional, buscan garantizar que los derechos de los mexicanos en Estados Unidos sean respetados y que eventos como el de El Paso no se repitan.