La desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha dejado a 520 trabajadores en la incertidumbre, sin información clara sobre su futuro laboral. La extinción del organismo, aprobada como parte de la reforma de simplificación administrativa en diciembre de 2024, ha generado protestas y demandas de transparencia por parte de los empleados afectados.
Desde que se anunció la eliminación de Mejoredu, los trabajadores han exigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, que se definan los procesos para su reubicación o liquidación. Sin embargo, a cuatro meses de la reforma, no han recibido respuestas concretas, lo que ha incrementado la preocupación entre los empleados y sus familias.
Mejoredu, creado en 2019 tras la disolución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tenía como objetivo realizar evaluaciones diagnósticas y promover la mejora continua del sistema educativo. Sus funciones, según la reforma, serán absorbidas por la SEP, pero los detalles sobre cómo se llevará a cabo esta transición siguen siendo un misterio.
Los trabajadores han recurrido a manifestaciones pacíficas para visibilizar su situación. Desde bloqueos en avenidas como Barranca del Muerto hasta protestas frente a Palacio Nacional, los empleados han expresado su frustración con pancartas y consignas como “Mejoredu va a cerrar y yo sin trabajo me voy a quedar”. Su principal demanda es una mesa de diálogo con las autoridades para garantizar sus derechos laborales.
El pliego petitorio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum incluye solicitudes claras: certeza laboral, indemnizaciones justas con tres meses de salario más 20 días por cada año trabajado, y la preservación de las prestaciones pendientes. Los trabajadores también piden que no haya represalias por sus manifestaciones y que se respete su antigüedad, que en algunos casos supera los 20 años.
La falta de comunicación por parte de la SEP ha sido un punto constante de crítica. Los empleados denuncian que, mientras se desmantelan las oficinas de Mejoredu y se retiran muebles, no hay claridad sobre su reincorporación a la Secretaría o las condiciones de su salida. Esta opacidad ha generado un ambiente de desconfianza hacia las autoridades educativas.
Especialistas en educación han advertido que la desaparición de Mejoredu podría tener consecuencias más allá de lo laboral. La interrupción de evaluaciones diagnósticas, como la realizada en el ciclo escolar 2024-2025, deja al sistema educativo sin herramientas clave para medir el aprendizaje de los estudiantes, lo que podría afectar la calidad educativa en el país.
Los trabajadores, muchos de los cuales fueron recontratados del extinto INEE, destacan su compromiso con la educación mexicana. Durante sus cinco años de existencia, Mejoredu desarrolló materiales pedagógicos y propuestas para la formación docente, un legado que también está en riesgo de perderse si no se preserva adecuadamente.
A pesar de las promesas oficiales de que los derechos laborales serán respetados, la incertidumbre persiste. Los empleados han anunciado que, de no obtener respuestas, intensificarán sus acciones, lo que podría incluir más protestas en la Ciudad de México y otras entidades.
La situación de los trabajadores de Mejoredu refleja un problema más amplio en la reestructuración de organismos públicos, donde la falta de planeación y comunicación deja a cientos de familias en la indefinición, mientras el sistema educativo enfrenta nuevos retos sin un rumbo claro.