El Instituto Nacional Electoral aprobó una reestructura que lo convierte en el nuevo vigilante de la transparencia en México. Tras la desaparición del INAI, el INE asumirá la responsabilidad de garantizar el acceso a la información y resolver recursos de inconformidad. Este cambio, impulsado por el gobierno federal, genera dudas sobre la autonomía y capacidad del organismo para manejar estas tareas.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que el INE está preparado para fortalecer la transparencia y proteger los datos personales. Según Taddei, el nuevo marco normativo refuerza el rol del instituto como garante de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la decisión llega en un contexto de críticas al gobierno de Morena por debilitar instituciones independientes.
La reestructura incluye la creación de una comisión temporal para supervisar la transparencia. En esta primera fase, los partidos políticos tendrán 30 días para ajustar sus normativas y cumplir con las nuevas reglas. El INE también modificó sus reglamentos para otorgar más atribuciones al Órgano Interno de Control en esta materia.
El traspaso de funciones del INAI al INE ha generado preocupación entre expertos. La extinción del INAI dejó un vacío en la protección de datos y el acceso a la información. Además, el INE enfrenta el reto de manejar 14 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia, una tarea que requiere recursos y experiencia técnica.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, prometió mesas de trabajo para definir el futuro de estos archivos. Sin embargo, no hay claridad sobre la recontratación del personal del INAI ni sobre el presupuesto adicional para estas nuevas responsabilidades. Este panorama alimenta las sospechas de una estrategia para centralizar el control de la información.
La oposición ha señalado que el INE, ya sobrecargado con la organización de elecciones, podría no tener la capacidad para asumir estas funciones. Algunos analistas advierten que la transparencia podría quedar en manos de órganos internos de control, menos independientes que el extinto INAI. Este cambio podría limitar el derecho de los ciudadanos a exigir información clara.
En el caso de los partidos políticos, el INE será el encargado de resolver los recursos de revisión. Esta medida busca uniformar los criterios de transparencia, pero también plantea interrogantes sobre la imparcialidad del instituto. La presión sobre el INE aumenta en un año clave para la elección judicial y otros procesos electorales.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido la reestructura como un paso hacia la simplificación administrativa. No obstante, las críticas no cesan. Organizaciones civiles y especialistas advierten que la desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones podrían ser un retroceso en la lucha contra la opacidad.
La reestructura del INE se produce en medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones. Mientras el gobierno insiste en que estas medidas fortalecen la democracia, muchos ciudadanos se preguntan si realmente se garantizará el acceso a la información. El INE tiene ahora la tarea de demostrar que puede cumplir con este nuevo rol sin comprometer su independencia.
Este cambio marca un momento crítico para la transparencia en México. La capacidad del INE para asumir estas responsabilidades determinará si los ciudadanos seguirán teniendo acceso a la información pública o si, por el contrario, se consolidará un sistema más cerrado y controlado por el gobierno federal.