La primera elección judicial en México, programada para el 1 de junio de 2025, está marcada por una polémica que sacude al sistema político. Según un informe del colectivo Defensorxs, al menos 13 candidatos a cargos en el Poder Judicial tienen vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales, corrupción y hasta sectas político-religiosas. Este proceso, impulsado por la reforma judicial de Morena, pretendía democratizar la justicia, pero ahora enfrenta serias dudas sobre su transparencia.
Entre los casos más graves destaca Silvia Rocío Delgado, candidata a jueza en Chihuahua, quien fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. Delgado formó parte del equipo legal del líder del Cártel de Sinaloa, revisando amparos y actuando como enlace directo con el capo. Su participación en la elección ha generado indignación, pues se cuestiona cómo alguien con este historial puede aspirar a un cargo judicial.
Otro caso alarmante es el de Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora. Cangiamilla enfrenta acusaciones por negligencia durante su gestión como director del sistema penitenciario local. Se le señala por encubrir un presunto feminicidio en el caso de Paula Josette, una joven que murió en una visita conyugal irregular. Familiares y colectivos feministas critican al Instituto Nacional Electoral por permitir su candidatura.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, aspirante a magistrado en Jalisco, también está en el centro de la controversia. En 2015 fue destituido como juez por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y abuso sexual. A pesar de que la Suprema Corte ratificó su destitución en 2017, Hernández Zaragoza aparece en las boletas, lo que ha desatado críticas sobre los criterios de selección del proceso.
El colectivo Defensorxs, a través de su plataforma “Justicia en la mira”, documentó otros casos igualmente preocupantes. Por ejemplo, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado en la Ciudad de México, fue procesado en 2017 por abuso sexual agravado. Aunque el caso se cerró tras el perdón de la víctima, su candidatura sigue siendo objeto de debate por la gravedad de las acusaciones.
Jacqueline Silva Betancourt, otra aspirante a magistrada, fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal en 2024 por denuncias de acoso laboral. A pesar de esto, su nombre permanece en la lista de candidatos. Estos antecedentes han llevado a activistas a exigir una revisión exhaustiva del proceso, argumentando que los cargos judiciales requieren una conducta intachable.
La elección, que busca llenar 881 cargos en el Poder Judicial, es resultado de una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024. Más de 97 millones de ciudadanos están convocados a votar, pero la inclusión de candidatos con antecedentes turbios pone en entredicho la legitimidad del proceso. Organizaciones civiles han pedido al Instituto Nacional Electoral que depure las candidaturas.
El gobierno federal, encabezado por Morena, ha defendido la reforma como un paso hacia la democratización de la justicia. Sin embargo, los señalamientos sobre los candidatos han intensificado las críticas de la oposición, que califica el proceso como una farsa diseñada para controlar el Poder Judicial. La falta de acción para excluir a los candidatos cuestionados alimenta las sospechas.
La ciudadanía, que podrá consultar los perfiles de los candidatos en el sistema “Conóceles” del Instituto Nacional Electoral, enfrenta un dilema. La promesa de un Poder Judicial más accesible choca con la realidad de un proceso opacado por escándalos. A menos de dos meses de la elección, la presión aumenta para garantizar que solo personas con trayectorias impecables ocupen estos cargos clave.