Un nuevo capítulo se abre en el caso de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y ahora diputado de Morena, acusado de violencia política de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está a punto de tomar una decisión que podría sacudir el entorno político de Morelos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ha propuesto reabrir una denuncia presentada en 2023 contra Blanco, cuando aún era gobernador, por presuntas conductas que afectaron a una exdiputada de su propio partido.
La denuncia, interpuesta por Juanita Guerra Mena, ahora senadora y antes diputada federal por Morelos, señala a Blanco y otros servidores públicos por acciones que habrían constituido violencia política de género. Según la acusación, estas conductas buscaban menoscabar los derechos políticos de Guerra durante su tiempo como legisladora. La queja también involucra a medios de comunicación que habrían participado en la supuesta campaña en su contra.
El caso había quedado en el limbo porque la Sala Especializada del TEPJF argumentó que el plazo para sancionar a Blanco había prescrito. Sin embargo, el magistrado Rodríguez sostiene que el asunto no ha caducado y debe resolverse de inmediato. Su propuesta ordena a la Sala Especializada emitir una sentencia conforme al Procedimiento Especial Sancionador ya elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Este movimiento en el TEPJF llega en un momento complicado para Blanco, quien recientemente enfrentó una solicitud de desafuero por otra grave acusación: un presunto intento de violación contra su media hermana. Aunque la Cámara de Diputados desechó el desafuero en marzo de 2025, argumentando fallos en la carpeta de investigación, las críticas no han cesado. Activistas y legisladoras han denunciado un “pacto patriarcal” para proteger al exgobernador.
La denuncia de violencia política no es el único señalamiento contra Blanco. Su gestión como gobernador de Morelos ha sido cuestionada por presuntos actos de corrupción. Hugo Eric Flores, diputado de Morena, acusó a Blanco de encabezar un grupo dedicado a desviar recursos públicos, licitaciones y concesiones, traicionando los principios de su partido.
El caso ha generado división dentro de Morena. Mientras algunos legisladores defienden a Blanco, otros, como la diputada Magda Salgado, han expresado su indignación por la falta de perspectiva de género en las decisiones que lo han protegido. La presión también crece desde colectivos feministas, que exigen justicia y el fin de la impunidad en casos de violencia política.
Si el TEPJF da luz verde a la propuesta de Rodríguez, la Sala Especializada tendrá que emitir un fallo que podría tener consecuencias significativas para la carrera política de Blanco. Una resolución en contra del diputado podría reavivar el debate sobre su inmunidad parlamentaria y su permanencia en el Congreso.
El desenlace de este caso promete mantener a Cuauhtémoc Blanco en el ojo del huracán. Mientras tanto, las acusaciones en su contra alimentan la percepción de un sistema político que protege a figuras influyentes, dejando en segundo plano las demandas de justicia de las víctimas.