En un giro inesperado, el Instituto Nacional Electoral ha dado un paso polémico al aprobar que su Consejo General y el Órgano Interno de Control tomen las riendas de las funciones que antes realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este cambio llega tras la controvertida extinción del INAI, una decisión que ha levantado críticas y sospechas sobre el rumbo de la transparencia en México.
La desaparición del INAI, un organismo autónomo clave para garantizar el acceso a la información pública, ha sido impulsada por el gobierno de Morena y ha generado un intenso debate. Ahora, el INE, conocido principalmente por organizar elecciones, tendrá que asumir responsabilidades que no le son propias, como vigilar que los partidos políticos cumplan con las normas de transparencia. Esto plantea serias dudas sobre su capacidad para manejar estas nuevas tareas sin comprometer su función principal.
El Consejo General del INE, en una sesión reciente, avaló modificaciones a su reglamento interno para otorgar más atribuciones al Órgano Interno de Control. Este órgano, que originalmente se encarga de fiscalizar las operaciones internas del INE, ahora tendrá la enorme responsabilidad de supervisar la transparencia de los partidos políticos y resolver conflictos relacionados con el acceso a la información. Sin embargo, muchos se preguntan si este organismo tiene los recursos y la experiencia necesaria para llenar el vacío dejado por el INAI.
La decisión no ha estado exenta de críticas. Voces opositoras han señalado que este movimiento es un intento del gobierno federal por centralizar el control y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas. El INAI, creado en 2002, era un pilar para que ciudadanos, periodistas y organizaciones pudieran acceder a información pública, desde contratos gubernamentales hasta datos sobre el gasto público. Su desaparición, según analistas, podría limitar el escrutinio sobre las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por su parte, el INE ha defendido la medida, argumentando que busca adaptarse a las nuevas circunstancias tras la extinción del INAI. La Junta General Ejecutiva del INE será la encargada de implementar estas nuevas funciones, pero no se han dado detalles claros sobre cómo se organizarán o qué recursos se destinarán para ello. Esta falta de transparencia, irónicamente, alimenta las sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta reforma.
Otro aspecto preocupante es la creación de un nuevo órgano dentro del INE, integrado por direcciones ejecutivas y tres consejerías, que apoyará al Órgano Interno de Control en estas tareas. Aunque el INE asegura que este esquema garantizará la continuidad de la transparencia, expertos advierten que la falta de autonomía de este nuevo organismo, al estar subordinado al INE, podría generar conflictos de interés, especialmente cuando se trate de fiscalizar a los partidos políticos.
La carga adicional sobre el INE también preocupa porque podría desviar recursos y atención de su misión principal: garantizar elecciones libres y justas. En un contexto donde la democracia mexicana enfrenta retos importantes, como la polarización política y las acusaciones de injerencia gubernamental, esta decisión podría debilitar aún más la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que ahora absorbe otras funciones del INAI, ha tomado posesión del edificio del extinto organismo en medio de protestas de trabajadores que exigen claridad sobre su futuro laboral. Este escenario refleja el descontento generalizado con una reforma que, para muchos, representa un retroceso en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en México.
El panorama es incierto. Con el INE asumiendo roles para los que no fue diseñado y un gobierno que parece decidido a consolidar su control, los ciudadanos podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder a la información pública. Lo que está en juego no es solo una reestructuración administrativa, sino el derecho fundamental de saber cómo se ejerce el poder en el país.