Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía legalmente en Maryland, se encuentra atrapado en una pesadilla tras ser deportado por error a la megacárcel de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La administración de Donald Trump, en un giro polémico, reconoció que la expulsión fue un “error administrativo”, pero ahora insiste en que Ábrego es un peligroso miembro de la pandilla MS-13, una acusación que ha desatado una tormenta política.
El caso de Ábrego comenzó el 12 de marzo de 2025, cuando fue detenido tras recoger a su hijo en Maryland. A pesar de contar con una orden judicial de 2019 que lo protegía de la deportación, fue enviado a El Salvador en un vuelo con más de 200 personas, acusado de vínculos con pandillas. Su esposa, Jennifer Vásquez, lo reconoció en imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño, donde aparecía con la cabeza rapada y un overol blanco, rodeado de otros detenidos.
La Casa Blanca, encabezada por Trump, ha redoblado su retórica. Funcionarios como la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, han declarado que Ábrego “nunca vivirá en Estados Unidos” y lo señalan como un terrorista, a pesar de que no tiene antecedentes penales. Incluso el asesor Stephen Miller ha calificado las órdenes judiciales para su regreso como una intromisión en la soberanía salvadoreña, intensificando el enfrentamiento con los tribunales.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha negado rotundamente a liberar a Ábrego. Durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, Bukele calificó de “absurda” la idea de devolverlo, comparándola con introducir un terrorista de contrabando. En un tono irónico, publicó en redes sociales una foto de Ábrego reunido con el senador Chris Van Hollen, afirmando que el migrante “bebe margaritas” en el “paraíso tropical” de El Salvador.
El senador demócrata Chris Van Hollen, representante de Maryland, viajó a El Salvador para abogar por la liberación de Ábrego, pero las autoridades le negaron inicialmente el acceso. Finalmente, logró reunirse con él, un encuentro que Bukele aprovechó para reforzar su narrativa. Van Hollen ha insistido en que Ábrego es un hombre sin cargos ni condenas, secuestrado ilegalmente por un error del gobierno estadounidense.
Los tribunales de Estados Unidos han emitido múltiples órdenes para que Ábrego regrese, incluyendo un fallo de la Corte Suprema que exige al gobierno de Trump facilitar su retorno. Sin embargo, la administración se mantiene firme, argumentando que la decisión está en manos de El Salvador. La fiscal general Pam Bondi ha ofrecido un vuelo de regreso si Bukele lo libera, pero sigue acusando a Ábrego de ser un pandillero, basándose en pruebas cuestionadas.
La esposa de Ábrego, Jennifer, ha encabezado una lucha incansable por su esposo. En declaraciones públicas, ha pedido a Trump y Bukele que dejen de jugar políticamente con la vida de su familia. Sus tres hijos, uno de ellos con autismo, enfrentan la ausencia de su padre, mientras la comunidad de Maryland y organizaciones de derechos humanos exigen justicia.
El caso ha generado un debate intenso sobre las políticas migratorias de Trump, especialmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de personas sin pruebas claras. Críticos señalan que la deportación de Ábrego refleja un abuso de poder y una falta de respeto al debido proceso, mientras la Casa Blanca insiste en su narrativa de seguridad nacional.
Expertos internacionales han apuntado a un posible juego de poder entre Trump y Bukele, donde el orgullo político parece pesar más que la justicia. Mientras tanto, Ábrego permanece en el limbo, encerrado en una prisión de máxima seguridad, lejos de su familia y atrapado en una disputa que trasciende fronteras.
Este caso, que ha captado la atención mundial, pone en evidencia las tensiones entre el poder judicial y los gobiernos de ambos países, dejando una pregunta sin respuesta: ¿prevalecerá la justicia o el enfrentamiento político?