La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado al Ejército mexicano como responsable de graves violaciones a los derechos humanos tras la muerte de seis migrantes en un operativo en Chiapas. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, coincidentemente en el primer día de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en una región marcada por la violencia y el tráfico de personas.
Según el informe de la CNDH, los militares dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes de Egipto, El Salvador y Perú, incluyendo una menor de edad. El organismo autónomo concluyó que los elementos castrenses hicieron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violando protocolos de actuación y derechos fundamentales.
El operativo tuvo lugar en una carretera de Chiapas, una de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos. Además de las seis personas fallecidas, nueve resultaron heridas y otras 19 salieron ilesas. La CNDH identificó a dos militares como presuntos responsables de los disparos, destacando la falta de medidas para evitar el uso de fuerza letal.
La Comisión ha exigido a la Secretaría de la Defensa Nacional una reparación integral del daño para las víctimas y sus familias. También pidió una disculpa pública por parte de las autoridades militares, un gesto que busca reconocer la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
Otro punto clave de la recomendación es la creación de un Protocolo de Atención a Personas Migrantes. Este documento debería regular la actuación del Ejército en contextos migratorios, asegurando que se respeten los derechos humanos y se eviten tragedias similares en el futuro.
La CNDH criticó la falta de preparación de los soldados en temas de derechos humanos y trabajo humanitario. En muchos casos, los operativos militares en zonas migratorias se han intensificado sin las capacitaciones necesarias, lo que aumenta el riesgo de abusos y violencia.
El contexto en Chiapas es complejo, con miles de migrantes atravesando la región en busca de mejores condiciones de vida. La militarización de la frontera sur, heredada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo una estrategia central del gobierno, a pesar de las críticas por sus resultados.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones. La falta de sanciones visibles para los militares involucrados ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que ya preparan acciones legales contra el Estado mexicano.
Este caso pone en el centro del debate la política migratoria de México y el rol del Ejército en tareas de seguridad. La CNDH advirtió que, sin cambios profundos en las prácticas actuales, tragedias como esta podrían repetirse, afectando a poblaciones vulnerables que buscan un futuro mejor.
La recomendación de la CNDH ha sido enviada a las autoridades federales, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta presión para replantear el enfoque militarizado en la gestión migratoria. El caso podría escalar a instancias internacionales, donde se analizaría el cumplimiento de México con tratados de derechos humanos.