La Universidad de Harvard enfrenta una nueva controversia tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar una subvención de 2,700 millones de dólares. La medida, anunciada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también incluye una exigencia inusual: la institución debe entregar un registro detallado de las actividades de sus estudiantes extranjeros.
Esta no es la primera vez que Harvard se ve en el ojo del huracán. Apenas días antes, el presidente Donald Trump vetó otra ayuda de 2,200 millones de dólares. La razón detrás de estas sanciones parece ser la percepción de que la universidad promueve ideologías contrarias a los intereses estadounidenses, según el gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la cancelación argumentando que Harvard no es apta para recibir fondos públicos. En un comunicado, se señaló que la institución ha permitido un ambiente donde supuestamente prosperan ideas antiestadounidenses. Estas acusaciones han generado un intenso debate sobre la autonomía de las universidades privadas.
Kristi Noem fue más allá al exigir que Harvard entregue, antes del 30 de abril de 2025, un informe detallado sobre las actividades ilegales o violentas de estudiantes extranjeros con visas. De no cumplir, la universidad podría perder su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que afectaría gravemente su capacidad para recibir alumnos internacionales.
El presidente de Harvard, Alan Garber, respondió con firmeza. En una carta a la comunidad universitaria, defendió la libertad académica y criticó la intervención del gobierno en las decisiones de una institución privada. Según Garber, ningún gobierno debería dictar qué enseñar, a quién admitir o qué investigaciones realizar.
La cancelación de fondos se produce en un contexto de tensiones políticas. El gobierno de Trump ha intensificado su escrutinio sobre universidades de élite, acusándolas de fomentar posturas que considera contrarias a los valores nacionales. Harvard, como símbolo de la educación superior, se ha convertido en un blanco recurrente.
La medida también ha levantado preocupaciones sobre el impacto en los estudiantes internacionales. Muchos de ellos, provenientes de diversos países, podrían enfrentar mayores restricciones o incluso la revocación de sus visas si las exigencias del gobierno se endurecen.
Este enfrentamiento entre el gobierno y Harvard marca un precedente preocupante. La autonomía de las universidades privadas está en juego, mientras el debate sobre la libertad de expresión y la educación superior se intensifica en Estados Unidos.
El caso de Harvard no es aislado. Otras instituciones, como la Universidad de Columbia, han enfrentado presiones similares, aunque algunas han cedido a las demandas del gobierno para recuperar fondos. Harvard, por ahora, mantiene su postura de resistencia.
La situación sigue desarrollándose, y el mundo académico observa de cerca. Lo que ocurra con Harvard podría redefinir la relación entre el gobierno y las universidades en los próximos años.