La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a los controvertidos nombramientos de 56 magistrados electorales locales realizados por el Senado, a pesar de modificaciones de última hora que levantaron sospechas. Este proceso, dominado por Morena y sus aliados, ha generado críticas por la falta de transparencia y la aparente cercanía de los seleccionados con el partido en el poder.
El pasado 8 de abril, el Senado intentó ratificar a estos magistrados, pero Morena no logró la mayoría calificada necesaria. Esto obligó a una nueva votación al día siguiente, tras cambios inesperados en la lista original. Las designaciones en Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán fueron las más cuestionadas, ya que se modificaron sin explicación clara.
Dulce María Angulo Ramírez, una de las afectadas, impugnó el proceso, argumentando irregularidades en la designación de la magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Ester Terova Cote. Según Angulo, el Senado incumplió las formalidades establecidas, al no presentar una nueva propuesta tras el rechazo inicial de algunos candidatos, como lo marca la convocatoria.
A pesar de las impugnaciones, los magistrados del Tribunal Electoral concluyeron que no hubo violaciones al procedimiento. Esta decisión ha avivado las críticas de la oposición, que acusa a Morena de intentar controlar los órganos electorales locales para influir en futuros comicios.
El 9 de abril, con 86 votos a favor, Morena y sus aliados lograron aprobar los nombramientos en 30 entidades. La oposición, liderada por el PAN y el PRI, denunció que los perfiles elegidos son cercanos al oficialismo, lo que pone en riesgo la imparcialidad de los tribunales electorales.
Senadores como Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, señalaron que Morena ignoró los requisitos de idoneidad y optó por imponer a personas afines a sus intereses. Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, acusó al partido en el poder de usar los nombramientos como premios para gobernadores y dirigentes afines.
La senadora morenista Lucía Trasviña defendió el proceso, argumentando que los magistrados tienen derecho a cualquier filiación política. Sin embargo, estas declaraciones no han calmado las críticas, que señalan un intento de consolidar el control de Morena sobre las instituciones electorales.
Los nuevos magistrados ya rindieron protesta ante el Senado, pero el proceso sigue generando controversia. La oposición advierte que esta maniobra podría tener consecuencias graves para la democracia mexicana, al comprometer la independencia de los tribunales electorales locales.