Antonina Favórskaya, Serguéi Karelin, Konstantín Gábov y Artióm Kríguer fueron declarados culpables de participar en una “comunidad extremista”. Los cargos están relacionados con su cobertura de actividades del Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización fundada por Navalny y prohibida por las autoridades rusas en 2021.
Los periodistas fueron detenidos entre marzo y junio de 2024. Según la fiscalía, colaboraron en la creación de contenido para canales de YouTube asociados a Navalny. Sin embargo, los acusados han negado cualquier participación directa en la organización.
El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada en el Tribunal del distrito de Nagátino, en Moscú. La decisión de excluir a la prensa fue justificada por las autoridades como una medida para evitar provocaciones. Esta opacidad ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.
Antonina Favórskaya, corresponsal de SotaVision, fue la primera en ser arrestada. Su detención ocurrió tras cubrir los juicios de Navalny y reportar sobre las condiciones de su encarcelamiento. Sus colegas Karelin, Gábov y Kríguer también trabajaban para medios independientes.
Navalny, uno de los principales críticos del presidente Vladímir Putin, murió en febrero de 2024 en una prisión del Ártico. Su fallecimiento, bajo circunstancias poco claras, desató protestas y acusaciones contra el gobierno ruso, que ha negado cualquier responsabilidad.
Organizaciones como Memorial han calificado a los periodistas como presos políticos. Este caso se suma a una serie de medidas contra disidentes, activistas y medios independientes en Rusia, especialmente tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.
La defensa de los periodistas ha anunciado que apelará la sentencia. Mientras tanto, familiares y colegas se reunieron fuera del tribunal para mostrar su apoyo, destacando la importancia de la libertad de prensa en un entorno cada vez más restrictivo.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites a la libertad de expresión en Rusia. Los periodistas condenados han insistido en que su trabajo se limitaba a informar, no a promover actividades extremistas, como alega la fiscalía.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, que reflejan los desafíos para el periodismo independiente en el país. La sentencia marca un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno ruso y quienes buscan reportar desde una perspectiva crítica.