La Casa Blanca está evaluando una medida sin precedentes: enviar a ciudadanos estadounidenses convictos por crímenes graves a la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La propuesta, impulsada por el presidente Donald Trump, busca externalizar parte del sistema penitenciario de Estados Unidos.
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, confirmó que esta posibilidad se está analizando desde un punto de vista legal. Según sus declaraciones, la medida se aplicaría únicamente a los delincuentes más violentos y reincidentes, aquellos que representan un peligro extremo para las comunidades.
La idea surgió tras una reunión entre Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Blanca. Bukele, conocido por su mano dura contra las pandillas, ha ofrecido las instalaciones del Cecot para albergar tanto a migrantes expulsados de Estados Unidos como a ciudadanos estadounidenses condenados.
El Cecot, inaugurado en 2023, es la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40,000 reclusos. Actualmente, alberga a miles de pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, capturados durante el régimen de excepción implementado por Bukele desde 2022.
En marzo de 2025, Estados Unidos ya envió a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al Cecot, acusados de pertenecer a grupos criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Estos traslados se realizaron sin un proceso judicial previo, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Expertos legales en Estados Unidos han advertido que enviar ciudadanos estadounidenses a cárceles extranjeras podría violar la Constitución, específicamente la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales. Además, la Ley del Primer Paso de 2018 exige que los presos federales cumplan sus condenas cerca de sus lugares de residencia.
Bukele, por su parte, ha defendido su modelo de seguridad, que ha reducido drásticamente los índices de violencia en El Salvador. A cambio de recibir a los convictos, el gobierno salvadoreño percibiría una tarifa de 20,000 dólares por recluso al año, lo que suma 6 millones de dólares por los traslados ya realizados.
La propuesta ha generado un intenso debate. Mientras algunos sectores conservadores en Estados Unidos la ven como una solución pragmática, grupos de derechos humanos y analistas advierten sobre las implicaciones éticas y legales de externalizar el sistema penitenciario.
Trump ha elogiado públicamente a Bukele, llamándolo un aliado clave en su agenda de seguridad y migración. Sin embargo, cualquier intento de implementar esta medida enfrentará desafíos legales en los tribunales estadounidenses, donde ya se han presentado objeciones a deportaciones similares.
Por ahora, la Casa Blanca continúa explorando la viabilidad de esta controvertida iniciativa, que podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador en materia de seguridad y justicia penal.