La magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, denunció que Nacional Financiera cometió un grave incumplimiento de contrato al transferir sin autorización más de 10 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación.
En una entrevista, López Benítez reveló que Nafin justificó su acción con un simple correo, alegando “órdenes superiores”, dejando al Consejo de la Judicatura Federal sin información clara y en total incertidumbre.
Estos recursos estaban destinados a indemnizaciones para trabajadores afectados por la reforma judicial, pero ahora su destino es incierto, lo que podría desencadenar una batalla legal de proporciones.
El CJF ya analiza acciones legales contra Nafin, mientras crece la indignación por esta maniobra que pone en riesgo los derechos de los trabajadores judiciales.