La Secretaría de Marina (SEMAR) ha levantado la voz para presumir sus supuestos avances en el Alto Golfo de California, pero la realidad pinta un panorama alarmante. En un informe reciente, el almirante José Rafael Ojeda Durán detalló las operaciones que, según él, buscan proteger la zona, aunque los resultados dejan mucho que desear frente a la creciente inseguridad.
Entre las acciones destacadas está la vigilancia permanente, que parece más un espejismo que una solución efectiva. La llamada “Operación Santa Clara” y el sembrado de bloques de concreto en la Zona de Tolerancia Cero suenan bien en papel, pero la pesca ilegal y la violencia no ceden terreno. La colaboración con la ONG Sea Shepherd y la instalación de radares en San Felipe y Puerto Peñasco son intentos que no terminan de frenar el caos.
El gobierno federal, encabezado por Morena, sigue sin mostrar una estrategia sólida. A pesar de los despliegues de inspectores y las pláticas de “concientización” a pescadores, la delincuencia organizada opera con impunidad. La rotulación de embarcaciones legales con hologramas parece un parche insignificante ante un problema que se agrava día con día.
La SEMAR insiste en su compromiso, pero los números no mienten: la inseguridad en la región sigue siendo una amenaza constante. Mientras el discurso oficial se llena de promesas, las comunidades del Alto Golfo viven atrapadas entre la violencia y la indiferencia de un gobierno que no actúa con la urgencia que el caso merece.