La ONU ha puesto los ojos en México y no es para aplaudir. El Comité contra la Desaparición Forzada ha dictado medidas cautelares al gobierno mexicano por el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un lugar que destapa la podredumbre de la inseguridad que nos ahoga.
Restos humanos, objetos personales y evidencias macabras encontradas en el rancho han encendido las alarmas. La ONU exige que se protejan estas pruebas y que las familias de los desaparecidos tengan voz y seguridad, algo que el gobierno no ha sabido garantizar.
Organizaciones como Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato pidieron esta intervención. Argumentan que sin una investigación seria, los restos y pertenencias seguirán siendo un misterio, mientras la violencia sigue creciendo sin control.
El Comité no se anda con rodeos: hay riesgo de que las pruebas se pierdan para siempre. Además, denuncia que los familiares enfrentan amenazas y bloqueos para acceder a la verdad, un reflejo de la ineptitud oficial ante la crisis de desapariciones.
El gobierno mexicano está en la mira internacional. Deberá resguardar el rancho, analizar cada hueso y objeto, y dejar de fallarle a quienes buscan a sus seres queridos. La pregunta es: ¿hasta dónde llega la incapacidad?
Esto no es un caso aislado. Jalisco es solo un pedazo del rompecabezas de terror que el crimen organizado arma mientras las autoridades miran a otro lado. La ONU ya habló, pero la violencia no espera.